La reestructuración que la presidenta anunció al lunes de las deudas que las provincias mantienen con la Nación, le permite a San Juan ganar oxígeno y patear para más adelante la mayor parte de los vencimientos que operaban este año. Sin embargo, le queda un remanente de 68 millones de pesos con entidades de crédito que no se pueden esquivar y para pagar, la administración giojista irá a pedirle prestado a la Nación, según dijo ayer una alta fuente de gobierno. Los acreedores de esa suma de dinero son instituciones privadas y organismos internacionales, como el BID y el Banco Mundial.
San Juan tenía a pagar durante todo este año 198,9 millones de pesos, divididos en algo más de 130 millones a la Nación y el resto a organismos de crédito (Ver Infografía). En el compromiso con el Estado nacional no tendrá problemas, ya que la gestión kirchnerista le renegoció las deudas a las provincias y les dio un año y medio de gracia para retomar el pago. Así las cosas, la urgencia son ahora los 68,9 millones de pesos que tienen carácter de impostergables.
Cuando aún no se sabía de la reestructuración anunciada por la presidenta, San Juan golpeó las puertas del Ministerio de Economía para pedir la totalidad de lo que debía afrontar por deuda en este ejercicio. Lo hizo a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF), un plan para ayudar a que los gobernadores cancelen obligaciones y eviten caer en déficit financiero al cierre de 2010.
Sin embargo, a partir de la noticia de Cristina, la continuidad del PAF quedó en un mar de dudas. Sucede que después de darle condiciones más favorables a las provincias, es casi un hecho que no mantendrá en pie el programa que ella misma solventa. El ministro de Hacienda, Aldo Molina, coincidió: "si la plata del PAF es para pagar deuda, estimo que la Nación dirá que no cuando vayamos a buscar una respuesta de todo lo que pedimos".
No obstante, sin la urgencia de los 130 millones para la Nación, el plan en Casa de Gobierno es lograr un auxilio equivalente a los casi 69 millones para cancelarle a los bancos los vencimientos de este año. La fuente reveló que Gioja en persona hará gestiones en los despachos kirchneristas, pero no aclaró mediante qué vía de financiamiento.
A la hora de pedir, San Juan tiene una ventaja sobre la mayoría de las provincias. A las buenas migas con las líneas K, se suman el hecho de venir pagando a término los vencimientos de deuda y el orden que muestra en las cuentas. Desde que asumió José Luis Gioja, la provincia cerró los ejercicios fiscales con superávit o equilibrio, condición que cotiza en alza al momento de negociar ayudas externas.
Ayer, en el Gobierno local era todo festejo. No sólo porque este año y el que viene, en medio del proceso electoral, no habrá que pagarle a la Nación, sino porque las condiciones que se fijaron a futuro implican un alivio importante para las arcas sanjuaninas. El saldo con el Estado nacional se cancelará en cuotas hasta el año 2030 -antes vencía en 2018- y en lugar de ajustarlo por el CER, que está atado a la inflación, será con un tasa fija del 6 por ciento anual.
Desde ya, con el índice de precios en movimiento ascendente, se da por descontado que la deuda se irá licuando. Es decir, perderá valor real con el paso del tiempo. "Yo creo que sí", respondió sonriente el gobernador José Luis Gioja cuando este diario le preguntó por ese tema. Mientras que el ministro Molina aseguró que "hoy, tomar un préstamo a largo plazo con tasa fija menor a la inflación, supone una ventaja para el deudor".
El esquema que lanzó Cristina deja en una situación de ventaja a los gobiernos que sucedan a Gioja. Bajo el viejo esquema, la provincia tenía que pagarle a la Nación de capital 141 millones de pesos al año y ahora, el promedio será de 67 millones. Aumenta el plazo y la incidencia que tiene la deuda en el presupuesto provincial baja.