Mientras el senador Fernando “Pino” Solanas objetaba ayer en la Justicia Federal el acuerdo firmado entre la Provincia y la minera chilena Los Pelambres por el tema de la escombrera armada sin autorización en suelo calingastino, la Dirección General de Aduanas dio un paso fundamental para la puesta en marcha del convenio: autorizó la habilitación de un paso fronterizo, que estará bajo el control del Escuadrón Barreal de Gendarmería Nacional, para que la empresa trasandina proceda a retirar, sin plazo fijado en el acuerdo, más de 500 neumáticos depositados en la zona. Se trata del primer paso del plan de aislamiento ambiental que debe dar la compañía que produjo la montaña de residuos y contaminación en la zona.
La autorización, que lleva la firma de Javier Zabaljáuregui, a cargo de la Dirección de Aduanas, dispone la habilitación por el término de 360 días de un paso fronterizo, que llevará el nombre de “Escombrera Cerro Amarillo”, para que la empresa Los Pelambres pueda empezar a cumplir con el acuerdo-marco firmado el 28 de abril pasado. De esa forma podrán circular por la zona personal y la maquinaria necesaria para llevar adelante los trabajos. La resolución forma parte del juicio que se tramita en el Juzgado Federal Nro 1, a cargo de Miguel Gálvez, en el marco de una demanda civil iniciada por Xtrata Pachón SA contra la minera Los Pelambres.
El conflicto salió a la luz en 2014, cuando Glencore, la empresa que quiere explotar la mina de cobre El Pachón, demandó por daños y perjuicios a Los Pelambres por haber arrojado unos 50 millones de toneladas de roca estéril de su yacimiento minero en Chile hacia tierras calingastinas. Después intervino la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, en un intento por evitar una mayor contaminación en la zona, sobre todo de los cursos de agua. Fue en ese contexto y tras una medida cautelar dictada por el juez Gálvez que se celebró un acuerdo con la minera chilena pero, como se trata de una zona fronteriza, hacía falta una autorización de Aduanas para que puedan circular en la zona tanto los operarios de la compañía trasandina como las máquinas necesarias para los trabajos. Esa autorización llegó con la resolución de la Dirección General de Aduanas, que le fue comunicada ayer al ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel.
El acuerdo contempla solamente el aislamiento de la escombrera con una geomembrana y una película de nailon de polietileno, mientras que en la base se debe construir un canal para evitar mayor contaminación por efecto del derrame de los líquidos. El convenio no dice que la empresa debe quitar las rocas del lugar.
La Fiscalía de Estado, cuyo titular es Guillermo de Sanctis, se hizo parte en el litigio en representación de los derechos colectivos y de los intereses difusos de la población de la provincia, que se encontrarían comprometidos.
En la resolución de la Aduana se establece que la habilitación del paso ocasional, con el control de la Gendarmería, será por un plazo que podrá ser suspendido o extendido de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona.
Junto con la causa civil, también hay una demanda penal contra Pelambres (ver aparte).