Buenos Aires, 22 de julio.- El Ministerio de Economía cuestionó con dureza el comportamiento del juez Thomas Griesa en la audiencia que convocó para hoy en Nueva York al sostener que "no resolvió nada" y, por el contrario, "amenazó a la Argentina con entrar en default" a la vez que se puso del lado de los demandantse "repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitres".
En un comunicado, el Palacio de Hacienda afirmó este martes a la tarde que Griesa "debe dejar cobrar a sus legítimos dueños" los fondos depositados por Argentina para el pago a los bonistas con títulos reestructurados. Al mismo tiempo, señaló que si bien el juez "reconoció que Argentina había pagado (…) no resolvió absolutamente nada" y mantiene "su insólita prohibición de cobro".
A través de un comunicado de prensa, bajo el título de "el Juez Griesa no resolvió nada, y los buitres siguen amenazando", la cartera que dirige Axel Kicillof se pronunció sobre la audiencia desarrollada hoy en Nueva York.
"Default es no pagar, Argentina paga. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje. El juez debe dejar cobrar a sus legítimos dueños. La Argentina quiere honrar sus deudas con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables", aseguró Economía.
El ministerio se refirió a la reunión de este martes convocada por el magistrado para analizar un conjunto de mociones presentadas sobre el pago a bonistas reestructuradas que fueron presentadas por Euroclear y Clearstream, Citibank, BONY, JP Morgan, Bonistas europeos (Eurobondholders) y Fondos buitres (NML).
"Griesa, aunque reconoció que Argentina había pagado, no resolvió absolutamente nada sobre ninguna de estas cuestiones para las que él mismo había convocado a la audiencia, manteniendo con ello su insólita prohibición de cobro", señaló.
Argentina, por su parte, continúa el comunicado, reiteró su solicitud de una suspensión de la sentencia (stay) remarcando la imposibilidad de realizar una oferta a los fondos buitres que sea mejor que lo ya ofrecido en los canjes.
Justificó ese pedido remarcando que "tal pago violaría tanto la ley Argentina como la cláusula RUFO. Tal violación implicaría un perjuicio para el país por una cifra que supera los 120.000 millones de dólares, exponiendo a los funcionarios a responsabilidades penales y civiles".
"Los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique. Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitre tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable", contraatacó la Argentina.
El ministerio resaltó que el juez "no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que, además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores".
El 26 de junio, Argentina realizó el pago del vencimiento de su deuda por un monto de 1151 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en el Bank of New York Mellon (BONY). Sin embargo, el juez dio orden a los distintos eslabones del circuito de pagos para que no dejen cobrar a los bonistas. Es decir, "actuó como un bloqueo de cobro que recayó sobre dinero que es propiedad legítima del 92,4% de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010", acusó la cartera económica.
Ante esta conducta, los propietarios de los bonos le solicitaron que permita realizar el cobro, lo mismo que los bancos Euroclear, Clearstream y hasta el propio BONY le pidió que le clarifique qué hacer con el dinero. Griesa, pese a haber convocado a la audiencia para resolver estas cuestiones, dejó todo en suspenso, amenazando a la República Argentina con lo que él insiste en denominar "default", repitiendo textualmente las palabras de las solicitadas y amenazas de los fondos buitre (ATFA).