Por la megacausa de las expropiaciones, ayer ingresó a la Fiscalía de Instrucción Nro 3, a cargo de Carlos Rodríguez, una ampliación de denuncia que apunta contra el abogado Santiago Graffigna y la exjueza Civil Rosalba Marún de Sobelvio, considerados los principales responsables de haber participado en maniobras contra el fisco que le podrían haber costado a la Provincia unos 10 millones de pesos, según confirmaron fuentes judiciales.
La denuncia, patrocinada por el fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, y por el abogado Rubén Pontoriero, señala que el planteo es en el marco de la causa caratulada ‘Basañez, Luis Alberto c/Provincia de San Juan expropiación inversa‘, que se tramitó en el Primer Juzgado Civil y hoy se encuentra en apelación en la Sala Segunda de la Cámara Civil, es decir que en la práctica la Provincia todavía no pagó el juicio (ver aparte).
Aunque el escrito no lo señala, tanto el abogado como la exmagistrada están sospechados de haber cometido los delitos de fraude contra la administración pública en concurso con fraude procesal.
Se trata de una ampliación, porque la exmagistrada y el abogado ya habían sido denunciados en la causa que investiga la jueza María Inés Rosellot, del Quinto Juzgado de Instrucción. La misma se disparó por una presentación que hizo el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, en representación del Estado provincial, ante la sospecha de que hubo una red de jueces, funcionarios y empleados públicos que se beneficiaban a costa de inflar los valores que se reclamaban en juicios por expropiaciones (ver aparte).
El origen del planteo es un terreno ubicado en Patricias Sanjuaninas y Brasil, que fue expropiado para el ensanche de la primera calle y luego otra fracción fue ocupada para la apertura de Brasil, entre Rawson y Patricias Sanjuaninas, todo en Capital.
En marzo del 2003, Graffigna, en representación de José Prividera, inició acciones preliminares para iniciar la demanda por expropiación inversa, que es aquella en la que un particular le reclama al Estado que le pague por haberle quitado un terreno para un uso público. Pero después se presentó Graffigna e interpuso la formal demanda por expropiación en nombre de Alberto Basañez. Es que este último había recibido de Prividera los derechos sobre el proceso a cambio del pago de 1.000 pesos.
Según consta en la denuncia, Graffigna habría actuado en todo el proceso sin acreditar la representación de Basañez. Pero, además, la Provincia nunca fue notificada del traslado de la demanda de expropiación inversa porque, tal como exige la ley procesal, se le debe comunicar del proceso tanto al Gobernador como al fiscal de Estado. Por su parte, el abogado de Fiscalía de Estado, Norberto Baistrocchi, ya fallecido, actuó contestando la demanda, pero sin que tuviera poder para actuar en el proceso de expropiación.
A la exjueza Marún de Sobelvio le cuestionan que haya permitido que se tramitara todo el proceso e incluso haya dictado sentencia en abril del 2009 sin advertir todas estas irregularidades. La primera, que Graffigna no acreditó la personería para presentar la demanda, que Baistrocchi no tenía carta poder para actuar en el proceso y que nunca se cumplió con el requisito de notificar a la Provincia del reclamo.
Además, la exjueza dispuso que se pagara la indemnización tomando en cuenta el valor del bien expropiado con los intereses computados desde 1950, cuando se produjo el ensanche de la calle Patricias Sanjuaninas y desde 1959 para la apertura de la calle Brasil.
En el reclamo figuraban una vereda, muro de cierre y el terreno libre de mejoras que, a valores actualizados a la fecha, en la Justicia provincial calculan que podrían llegar a los 10 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, el hecho de que Graffigna haya actuado sin poder y que ningún juez se lo haya objetado no es nuevo ya habría ocurrido lo mismo, por ejemplo, en el caso del llamado Canal Playas, ahora Canal Benavídez, y también en el caso del Parque de Mayo. Ese accionar podría hacer caer varios juicios por expropiaciones que vienen amenazando con afectar las arcas públicas provinciales.