El defensor del Pueblo, Julio César Orihuela, está analizando si la política de Rentas de hacer pública la lista de grandes deudores se ajusta a la ley. El organismo recaudador la empezó a aplicar el miércoles, cuando puso en evidencia en su página web a 16 empresas morosas con el objetivo de persuadirlos a que paguen. El año pasado, cuando la medida fue anunciada, el funcionario hizo un planteo para que no se aplicara por considerar que atenta contra privacidad de los contribuyentes.
“Estamos estudiando el tema y el lunes vamos a tener una posición definida”, aseguró ayer Orihuela. El organismo que conduce tiene facultades para hacer recomendaciones ante medidas que considera inconstitucionales y puede promover amparos colectivos por particulares que se sientan violado algún derecho. Ante el planteo que hizo en diciembre, el titular de Rentas, Adrián Villegas, contestó que iba a avanzar mientras la Justicia no le diga que es inconstitucional.
