El juez federal Miguel Gálvez aprobó el acuerdo alcanzado entre la intervención de la Cooperativa Gualcamayo, la constructora y los fideicomisos que participaron en la cobranza de las cuotas, que permite a los adjudicatarios de las viviendas poder cancelar sus planes y escriturar sus unidades, un trámite que hasta ahora no habían podido realizar. Pero, un grupo de adjudicatarios disconforme con el arreglo judicial, amenazó con ir a la Justicia ordinaria en defensa de sus intereses porque sostienen que la mayoría de las viviendas ya están canceladas y no las quieren pagar de nuevo.
Se trata de una nueva polémica que comenzó en 1992 cuando la empresa Suma, que en aquel entonces integraban Mapal Construcciones y Jorge Eduardo Suárez, comenzaron a construir viviendas en San Juan, Mendoza y Córdoba. Pero después los vecinos, por los vaivenes de la economía, tuvieron problemas para cumplir con el pago de las cuotas y les empezaron a quitar las casas. La cobranza estaba repartida y fue así que algunos vecinos habían pagado parte de las cuotas a la constructora y otros a dos fideicomisos, a quienes Suma había cedido parte de la cartera de deudores. En el medio, en el 2006, la Cooperativa Gualcamayo, que era la que administraba la entrega de las unidades y la cobranza, fue intervenida por irregularidades detectadas.
En abril, las partes llegaron a un acuerdo, que ahora fue homologado por el juez, que permite que cada vecino pueda acordar con la cooperativa la forma de pago del saldo de la deuda, con planes hasta en 5 a 10 años. Para los que tengan las casas canceladas y los que opten por un pago de contado, podrán escriturar en forma inmediata las unidades a su nombre.
Desde la cooperativa, su interventor Gabriel Márquez, que reúne a unos 750 adjudicatorios, dijo que son los únicos autorizados para cobrar las cuotas, con quitas que oscilan entre el 40 al 60 por ciento, y que los interesados deben ir por las oficinas que funcionan en Jujuy 40 Sur, oficinas 4 y 9. Y acusó al otro grupo de adjudicatarios liderado por Domingo Schiano, de haber formado una entidad sin personería jurídica y de emitir ‘recibos truchos‘.
‘Schiano ni siquiera es adjudicatario y ese grupo está estafando a la gente‘, agregó.
Desde el otro sector, Schiano, que dice agrupar a unos 500 adjudicatarios, sostuvo que ‘nos oponemos al acuerdo porque es leonino‘.
Y denunció que ‘con la cantidad de intereses que quieren aplicar se triplica el valor de las casas‘. También señaló que ‘parte de la cobranza va a ir a los bolsillos del interventor y de los abogados‘.
Tras adelantar que ‘vamos a ir a la Justicia para defender nuestros intereses‘ informó que se reúnen los martes y viernes de 19 a 21 en la Vecinal Jardín del Milagro, en San Lorenzo y Colón.