Mendoza, 26 de Noviembre.- La iniciativa del gobierno provincial de promulgar una ley que les impondrá la contratación de proveedores y mano de obra local en los proyectos mineros, fue criticada por los referentes de la actividad de Mendoza.
Según publicó el diario Los Andes, en la vecina provincia aseguraron que la iniciativa es “es difícil de llevar adelante”. Roberto Zenobi, gerente general de la Cámara de Empresarios Mineros, estima que 50% o más de los proveedores de la actividad minera sanjuanina, provienen de Mendoza. Además, advierte que "hay muchos insumos que no se fabrican en San Juan". Además, dijo que la aprobación de la ley "no beneficiaría a nadie".
El empresario comentó que "es posible que se apruebe la ley, teniendo en cuenta la intención del gobierno sanjuanino de proteger a sus empresas, pero en la práctica, es muy difícil que se lleve a cabo".
Mario Chabert, presidente de la misma Cámara, coincidió en la lectura de Zenobi, y agregó que también se generarán costos administrativos, tanto a nivel gobierno como empresarial. "Se tendrían que crear estructuras de control extraordinario con un gran nivel burocrático", indicó.
En cuanto a los insumos que no se fabrican en San Juan, Chabert aseguró que "para algunas empresas, la sola compra del combustible en la destilería de Mendoza significa el 35% de sus costos de producción".
Por su parte, Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, calificó al proyecto de ley de compre sanjuanino como "inconstitucional".
"Estamos en un estado republicano y federal. La constitución expresa claramente que debe haber igualdad comercial en todo el territorio nacional", explicó el profesional.
Recordando el acuerdo de compre mendocino firmado entre la minera Vale y el Gobierno de Mendoza, Ferrer opinó que "es un caso diferente cuando se llega a un convenio entre una empresa determinada y el Estado".
El presidente de la Cámara de Servicio Mineros, entiende que un acuerdo de esta índole, está dentro del marco legal. Por el contrario, "cuando se impone una ley que restringe la actividad comercial de una provincia, es algo ilegal", apuntó.
Mario Chabert, también manifestó dudas sobre la constitucionalidad del proyecto y reveló que las empresas sanjuaninas con las cuales mantiene contacto, tampoco están de acuerdo con la propuesta.