Mientras la sanción de la ley de glaciares que atenta contra la minería aún está fresca, ayer se completó un nuevo capítulo de encontronazos entre el gobierno y el sector minero. El diputado nacional Daniel Tomas había sugerido que las empresas son responsables de la falta de compromiso social que hay con la actividad y ayer, el vicepresidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, le contestó: dijo que esa tarea debe ser del Estado, le pidió más prudencia y aseguró que la Secretaría de Minería de la provincia no se actualizó ni se profesionalizó. El funcionario responsable del área no habló.
El nuevo cruce es el segundo en pocos días (Ver El primero) y se dio después de que el gobernador José Luis Gioja pidiera por cadena provincial que no lo dejen solo en la lucha por resistir los embates contra la minería. Fue en alusión a la ley de glaciares nacional que impulsó el antiminero Miguel Bonasso, en una especie de llamado a todos los actores que se benefician directa o indirectamente de la actividad a que se involucren en la defensa de la provincia y una de sus principales actividades económicas.
El disparador fueron las declaraciones que hizo Tomas el sábado en el programa Insolentes, de Radio Sarmiento. En el marco del pedido de Gioja, Tomas advirtió que hay una "falta de compromiso social con la minería de la comunidad en general" y que "es una obligación de quienes tienen la posibilidad de invertir y producir generar ese compromiso". Según el legislador, falta compromiso "porque la gente no ve la minería".
Tomas, que preside la Comisión de Minería en la cámara baja, aseguró que para generar el compromiso tiene que haber "contrataciones de la mayor cantidad de empresas locales, con una responsabilidad social con la comunidad" y propuso "hacer una verificación, una revisión de toda la actividad, cómo actúa cada una de las empresas y cómo se le da participación a los localidades".
Martínez salió a responderle con signos de malestar. Tras participar en un acto en Capital (Ver foto), el empresario aseguró que "hay que ser responsable" y que "hay muchísimas empresas trabajando con personal de San Juan". Y opinó que "hay que declamar menos y hacer más en todos los sentidos".
Pero el segundo de la Cámara minera amplió los destinatarios y, sin nombrarlo, le apuntó al secretario de Minería de la provincia, Felipe Saavedra. Dijo que quisiera ver que ese organismo "se profesionalice como corresponde, que hayan menos abogados y hayan más técnicos, que haya gente que esté en la montaña permanentemente haciendo inspecciones". Su argumento es que, a pesar del crecimiento de la actividad, hoy "falta gente, es concreto y sencillo…hay menos profesionales que hace 20 años".
Por otra parte, volvió a tocar un tema recurrente. Pidió que los fondos del 4 por 1000 que pagan las empresas vuelva a la minería y que las regalías se "utilicen para afianzar los controles y generar esa confianza popular que la gente está pidiendo".
Desde la Secretaría de Minería hubo silencio. Este diario intentó durante todo el día hablar con Saavedra, pero no respondió a los llamados telefónicos.