El fiscal del caso expropiaciones, Carlos Rodríguez, pidió una serie de medidas antes de opinar si al imputado Santiago Graffigna hay que concederle las detención domiciliaria por problemas de salud. Ayer le pidió a la jueza María Inés Rosselot que envíe un oficio al Servicio Penitenciario para que informe acerca de las condiciones edilicias de la enfermería y la plantilla de personal médico con la que cuenta, para tener más elementos para decidir la suerte del principal sospechoso de la causa. La magistrada puede hacer lugar a su petición o directamente, con los elementos que ya tiene, resolver si manda al acusado al Penal o a su casa.
Graffigna está señalado como el líder de la supuesta asociación ilícita que actuó en juicios de expropiaciones donde la provincia fue estafada en millones de pesos al ser condenada a pagar cifras exorbitantes por inmuebles que en realidad costaban mucho menos. Está procesado, actualmente se encuentra detenido en la Regional Sur y sus abogados defensores, Rolando Lozano y Fernando Rahmé, vienen planteando que por su estado de salud, debe quedar bajo el régimen de detención domiciliaria.
El fiscal había solicitado primero una junta médica que se conformó con tres profesionales de Salud Pública y tres que atienden al imputado. Ahora, Rodríguez quiere que los médicos del Estado evalúen la información que le solicita al Servicio Penitenciario y que digan si Graffigna puede ser atendido y quedar alojado en el Penal.