El gremialista Pascual Manchineles tenía que ser indagado ayer en la causa donde se lo investiga por el presunto cobro indebido del sueldo y la jubilación en forma simultánea, pero a último momento recusó al juez y logró demorar la audiencia. El magistrado es Leopoldo Rago Gallo y como resistió el planteo, ahora deberá resolver la Cámara Federal de Mendoza. Fue el segundo intento del líder de los municipales, ya que días antes había pedido ser citado como testigo y no como presunto autor de un delito.
Manchineles está en la mira por una denuncia que presentó la administración del intendente capitalino Marcelo Lima, al detectar que durante los últimos meses del año pasado estuvo cobrando en el municipio el sueldo como empleado en actividad a pesar de que ya le había salido la jubilación. Como eso está prohibido por ley, el fiscal federal Carlos Yanello pidió la instrucción de la causa y se lo investiga por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario y fraude contra la administración pública.
En la recusación que presentó, Manchineles asegura que no hay garantías de imparcialidad en la resolución de su situación y de respeto por el debido proceso. Argumenta que Rago Gallo lo prejuzgó en declaraciones que hizo a la prensa en su contra. Se refiere a cuando el magistrado informó a través de un canal de televisión que el sindicalista iba a ser indagado el 2 de junio y que tras el análisis de sus dichos y las pruebas aportadas al expediente, podía ser procesado, sobreseído o dictarse la falta de mérito.
Rago Gallo decidió resistir la recusación, aduciendo que es vacía de argumentos. Fuentes judiciales aseguraron que invoca que sus declaraciones se restringieron a información y que bajo ningún punto de vista implican adelantar opinión o emitir juicio sobre el caso.
Así las cosas, la indagatoria de Manchineles se hará, pero aún no tiene fecha cierta. Sucede que ahora se tienen que remitir copias del expediente a la Cámara Federal de Mendoza para que resuelva si corresponde o no que Rago Gallo se aparte de la causa. Y ese trámite lleva, al menos, 30 días, explicaron las fuentes.
El planteo del titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) es el segundo que hizo en apenas unos días. En los tribunales federales se sorprendieron con la naturaleza de un escrito que presentó, pidiéndole al juez declarar como testigo y no como una persona a la que se le imputa un delito. Rago Gallo no hizo lugar, al argumentar que debía comparecer en calidad de indagado porque así lo pidió el fiscal y porque se trata de un medio de defensa del denunciado.
La denuncia de la Capital fue en los tribunales provinciales, pero el juez que intervino se declaró incompetente y mandó las actuaciones a la Justicia Federal. El eje central de la imputación es que Manchineles no avisó en el municipio de su jubilación, para que le dieran de baja como empleado activo. A eso se suma que, según dijeron las autoridades municipales, la notificación que mandó la Anses se cajoneó intencionalmente en la oficina de Personal del municipio.
En medio de la polémica, Manchineles contraatacó con una denuncia penal. La apunta a las autoridades del municipio y de la Anses. Sostiene que nunca tocó la plata de la jubilación, que pidió que se la suspendan y que fue una movida para perjudicarlo.