El juez Carlos Macchi ayer tuvo la posibilidad de declarar y defenderse en el Jury de Enjuiciamiento de las acusaciones que indican que cometió graves irregularidades en 5 juicios de expropiaciones que le costaron millones de pesos al Estado. Sin embargo, decidió no hablar. "Me voy a abstener y no voy a dar ningún tipo de explicación", fue lo único que atinó a decir. De esa manera, el magistrado eludió el interrogatorio y despertó aún más sospechas. El fiscal General subrogante, José Mallea, le respondió que "no puede dar explicaciones ni desde el punto de vista jurídico ni del sentido común", mientras que el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, resaltó que "necesitábamos escucharlo porque nunca oímos razones jurídicas que establezcan que él está siendo juzgado injustamente". Así, destacó que "sino es el festival de la chicana y un intento por dinamitar el proceso", haciendo referencia a los sucesivos planteos que realizó a través de su abogado Guillermo Toranzo.
Precisamente entre ambos hubo un fuerte cruce que incluyó una invitación a arreglar la disputa de manera boxística. Mientras De Sanctis exponía sobre la abstención de Macchi, Toranzo lo trató de "mentiroso". El fiscal de Estado le respondió "decímelo afuera", pero el presidente del Tribunal ordenó que se calmaran los ánimos y el tema no pasó de lo verbal.
La declaración de Macchi fue solicitada por el fiscal Mallea, quien elaboró un listado con 546 preguntas vinculadas a las 5 causas bajo la lupa. A continuación se detallan algunos de los interrogantes clave (con una breve explicación) que el magistrado decidió esquivar.
En ese expediente, el juez hizo lugar al pedido del abogado por ese rubro, el cual fue valuado en 10 millones de pesos.
Un ejemplo ilustrativo es la valuación en la fracción del Parque de Mayo. El Tribunal fijó un precio de casi 5,5 millones de pesos, mientras que el perito de Graffigna estableció cerca de 15 millones.
El Código de Procedimiento Civil permite la actuación de esa figura cuando se trata de actos procesales urgentes y sólo podrá ejercerse una vez en el curso del proceso. Graffigna lo hizo en más de diez ocasiones, según figura en el expediente.
En esa causa, la provincia pagó casi 10 millones de pesos por 9 hectáreas en Iglesia. En 1990, el Estado depositó poco más de 3 millones de australes, los que no fueron resguardados y, aparentemente, se licuaron por la hiperinflación.

