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Al igual que a nivel nacional, aquí en la provincia la discusión por una nueva ley de alquileres también contrapone las posturas de propietarios e inquilinos. Mientras la Asociación de Inquilinos, que dirige Víctor Bazán, celebra todos los cambios que se pretenden realizar a los contratos, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que dirige Josefina Pantano, objetan especialmente dos puntos del debate: la ampliación de los plazos de los contratos, que actualmente son de dos años y quieren llevarlos a tres; y los costos inmobiliarios, que el proyecto pretende que pague el propietario y no el inquilino como es actualmente. Estiman que extender el plazo encarecerá los costos del inquilino porque se incrementara la carga impositiva del 1,5% que cobra rentas y que se calcula sobre el monto total del contrato. El tema de comisiones recibe la oposición más férrea: esgrimen que la regulación de honorarios de matriculados profesionales es competencia de la provincia y sería inconstitucional un avance de la Nación en este aspecto. Frente a los otros tres puntos principales que la ley aspira a regular (ver aparte) -garantías, actualización de precios y registración ante AFIP- las inmobiliarias no tienen mayores reparos, salvo algunos matices. Desde las inmobiliarias creen que modificar algunos de estos puntos sería perjudicial porque los propietarios preferirán sacar los inmuebles del alquiler, habrá menos oferta de inmuebles con el consiguiente aumento del precio de lo que quede para alquilarse. Dicen que esto es lo que pasó en Buenos Aires donde ya se modificó el contrato de alquiler. En cambio la Asociación de Inquilinos descree que vaya a caer la oferta. ""Van a seguir alquilando, pero con un poco más de equidad. Durante años hemos recibido un abuso constante por parte de las inmobiliarias. Por ejemplo, las comisiones, que ahora las tendrán que pagar los propietarios", explico Bazán. Un mes de alquiler, más otro mes de comisión a la inmobiliaria, y otro más como depósito, son las exigencias actuales para un alquiler nuevo de una vivienda o comercio en San Juan. Ayer la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen al nuevo proyecto de ley de alquileres que presentó la semana pasada el Gobierno nacional y será debatido en las próximas semanas en el recinto. Después de más de tres horas de exposiciones de defensores de inquilinos y representantes del sector inmobiliario, la iniciativa consiguió el consenso mayoritario para ser tratado sobre tablas. El texto propuesto modifica al que obtuvo media sanción del Senado hace dos años, por lo que luego de ser tratado en la cámara baja deberá volver a consideración de los senadores. Pantano, quien ayer asistió al debate en Buenos Aires, destacó que por primera vez San Juan tuvo representación a través de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y pudo hacer escuchar su voz. ""Hemos impugnado lo relativo a comisiones. En San Juan históricamente siempre se cobró un mes de alquiler al locatario", dijo Pantano. Según la Asociación de Inquilinos, el 30% de la población sanjuanina -unos 200 mil- alquila, y debe destinar entre el 60 y 70% del salario al alquiler.
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Vigencia del contrato
La nueva propuesta sostiene que el contrato de locación de inmueble tendrá un plazo mínimo legal de tres años en locaciones destinadas a vivienda y de dos años para cualquier otro destino. Actualmente los contratos de alquiler habitacional se celebran a dos años. Las inmobiliarias dicen que se encarecerá la carga impositiva.
*Garantías
La iniciativa regulará una de las cuestiones que más dificultades presenta para los inquilinos: la garantía. El texto exhorta a los propietarios a aceptar garantía real, aval bancario, seguros de caución, recibo de sueldo o garantía de fianza. Aquí las inmobiliarias piden que sea opcional para el propietario.
*Actualización
El proyecto oficial prevé que para el reajuste semestral se utilizará "un índice conformado con IPC y el coeficiente de variación salarial". De esta manera, tendrá que seguir la evolución de la inflación y del sueldo promedio de los empleados, para evitar desfasajes entre lo estipulado en el contrato y el ritmo de precios y salarios.
*Registro en AFIP
La iniciativa implicará que los contratos de alquiler sean registrados ante la AFIP. El Colegio de corredores dice que eso ya existe entre los corredores matriculados, como también la emisión de facturas. Sí objetan que se le quite validez legal a un contrato de partes por no estar registrado en un registro que todavía no existe.
*Costos inmobiliarios
El proyecto dice que las comisiones a pagar a las inmobiliarias deberán ser afrontadas por el propietario, junto con los gastos de certificación de firmas. El Colegio de Corredores de San Juan ayer impugnó ese punto en el debate porque lo considera materia de regulación exclusiva de la provincia.