El ‘acuerdo Mendoza-SanJuan’ o ‘acuerdo del mosto’ transita su final. Esta semana empezó a tomar fuerza la idea de que ambas provincias tienen decidido terminar con este pacto que lleva ni más ni menos que 30 años. Es que aquella idea que nació en 1994, producto de la coyuntura del sector vitivinícola, que apuntaba a diversificar y ponerle un cupo cada temporada para que no toda la uva vaya a vino y de esta manera evitar sobrestocks que tiren a bajo los precios y, a la vez, fogonear nichos como el del mostos, la pasa y la uva en fresco, hoy parece no ser útil.

Y cuando el lunes pasado en Mendoza se reunieron en las oficinas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) los ministros de Producción de San Juan, Gustavo Fernández;  de Mendoza Rodolfo Vargas Arizu y el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo (el N°2 de Caputo en Economía), se trató el tema y los tres coincidieron en que es momento de sacarle ataduras a la industria y dejar que el mercado la regule. El Gobierno nacional viene proponiendo, como idea fuerza, desregular distintas actividades, entre ellas la vitivinícola.

En San Juan hay argumentos que cimientan la idea de terminar con el histórico acuerdo de las dos provincias vitivinícolas más grandes. El ministro Fernández dio por primera vez pinceladas de la postura sanjuanina, que es la de, por consenso con el sector privado, echar por tierra este cupo.

El funcionario explicó que por ejemplo esta temporada el cupo fue de 17%. Es decir, del total de las uvas que se iban a recoger de los parrales de las provincias, ese porcentaje no vaya a vino.

En el país, el mercado llevó a que el 24% sean molidas para hacer mosto. En San Juan, como suele ocurrir, fue más alto: el 48%. Dicho en otras palabras, se hizo la cantidad de mosto que demandó el mercado.

“Hoy esa lógica de que el acuerdo es para bajar los stocks vínicos no tiene razón de ser porque el mercado mismo se regula”, dijo Fernández. El ministro asegura que también el sector privado entiende que quedó obsoleto.

De todas maneras, Fernández condicionó a que el OK final para terminar con 30 años de acuerdo sea por el consenso entre las provincias -está la decisión tomada- y el sector privado. En un principio, no parece tener reparos entre los productores pero los gobiernos no quieren tomar una medida que luego genere reclamos.