Mantener impuestos a la soja en un promedio de 25,5%, acelerar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir el gasto en salarios en el Estado y las transferencias a las provincias. Estas son algunas de las pautas que aparecen en el informe que el staff del FMI elevó al directorio del organismo el 12 de junio para que este cuerpo decida la aprobación final del crédito.
Este documento se elaboró luego de que concluyeran las conversaciones entre el FMI y los funcionarios del Gobierno argentino en el marco de la negociación por un acuerdostand-by por US$50.000 millones, que fue confirmado el 7 de junio.
En este informe, que fue difundido hoy, compila el diagnóstico que el equipo del FMI realizó sobre la situación macroeconómica de la Argentina y detalla algunas medidas acordadas que apuntan a la "realineación de la posición fiscal" del país tanto para este año como en el Presupuesto 2019 a fin de llegar a las metas fiscales comprometidas(2,7% en 2018, 1,3% en 2019 y equilibrio fiscal en 2020).
No obstante en el Gobierno aseguran que se trata de una serie de medidas de carácter no coercitivo en su totalidad. "La baja de las retenciones se mantendrán como dijo el Presidente", garantizaron en Hacienda.
Al momento, lo único firme que el Gobierno tiene que cumplir son las metas que fijó en el memorando con las políticas económicas que el país planea implementar, incluidas las reformas estructurales, que fueron explicitadas en la Carta de Intención.
Fuentes del FMI aclararon, en tanto, el punto sobre el freno a la baja de las retenciones. "El mantenimiento del impuesto a la exportación de productos de soja se incluye en el programa como una de las medidas para alcanzar los objetivos fiscales. Si las consecuencias económicas y fiscales evolucionan en una dirección más positiva, como se prevé actualmente, es obvio que existe la posibilidad de eliminar esta medida. Depende de las circunstancias económicas", señalaron.
Los principales ejes relevados en el documento oficial
- Mantener "la tasa promedio de impuestos a la exportación de productos de soja" en 25,5%
- Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias)
- Reducir aún más los "subsidios ineficientes a la energía y el transporte".
- Racionalizar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
- Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de "empleados no prioritarios" en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
- Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019.
- Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
- Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
- Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
- Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones.