Buenos Aires, 7 de noviembre.- En una carta remitida al magistrado, Carmine Bocuzzi explicó que "desde junio, los inversores han presentado 25 demandas y buscan sacar provecho de la orden de bloqueo emitida por Griesa".
"No puede haber una base equitativa para tratar de obligar a la República –cuyas reservas son de aproximadamente 28.000 millones de dólares y deben ser usadas para los propósitos macroeconómicos fundamentales– a hacer lo imposible por el pago de la totalidad de su deuda retención", dijo Boccuzzi en la carta al magistrado.
Ayer el fondo de inversión Bracebridge Capital a través de sus filiales con sede en Islas Caymán (FFI Fund y FYI Fund) presentó una demanda ante Thomas Griesa para cobrar en caso de que la Argentina decida pagarles a los holdouts. La presentación solicita la "Provisión de Tratamiento Igualitario" para cobrar sus 1.100 millones de dólares pendientes en bonos argentinos en cesación de pagos.
Eso significa que los llamados "mee too" (yo también) que se presentaron ante el juzgado de Griesa ya superan en el conjunto de su demanda a los promotores originales del fallo, que –entre capital e intereses– demandan cerca de 1.600 millones de dólares. Sumadas ambas demandas –la original del fondo de Paul Singer y la de los "me too" en conjunto– se estima en el mercado que la cifra totaliza cerca de 4.000 millones de dólares.
Ese es el monto que podría estar sobre la mesa del negociador especial Dan Pollack, a quien el juez Griesa acaba de dotar con "poderes especiales" para que negocie un acuerdo de pago amplio con el conjunto de los acreedores que se presentaron ante su juzgado y que tienen condiciones "similares" a las del fallo de Singer. Se suma a la presentación que hiciera días atrás el fondo de Kennneth Dart, con un reclamo por 835 millones de dólares, que se agregó a otros grupos menores.