En el seno del Gobierno provincial no cayó mal el reciente pedido de la Corte Suprema de Justicia para que envíe copia de la Declaración de Impacto Ambiental que presentó Barrick por Pascua-Lama y que aprobó la gestión giojista, al punto que el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, adelantó que pedirá al máximo tribunal una audiencia pública para exponer los alcances ambientales del proyecto binacional. Estiman que le daría una transparencia a la presentación sanjuanina apuntando no sólo a estar a la altura de las circunstancias ante los jueces, sino que además sería poner el tema a consideración de la opinión pública.

La Corte le pidió al gobierno que presente el documento, como paso preliminar para considerar su intervención en una causa que inició el sanjuanino Ricardo Vargas, quien denunció hace 5 años a la minera canadiense Barrick y a la provincia argumentando que el proyecto ‘’daña el medioambiente y que carece de un seguro ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producirse a raíz de la actividad minera’’, reza el texto. DIARIO DE CUYO consultó con las 3 empresas que están explotando yacimientos y dijeron disponer de un seguro de caución capaz de solventar un daño ambiental.

‘’El proyecto requiere la remoción de grandes cantidades de suelo que impactan directamente en el paisaje y en el patrimonio cultural, alterando así el medio ambiente, en especial el ecosistema de la Reserva de Biosfera San Guillermo y el Parque Nacional núcleo del área protegida‘’, explicó Diego Seguí, representante legal de Vargas.

Como la Corte emplazó por 20 días al Gobierno local, por estos lares se supo que están preparando ‘’4 baúles grandes con la información’’, confió a este diario una alta fuente gubernamental.

SEGURO AMBIENTAL

Este es uno punto clave. Es que si bien en el artículo 22 de la ley de Ambiente (Nº 25.675) se obliga a las empresas que realicen actividades riesgosas a contratar un seguro ambiental, lo cierto es que no existe en plaza un seguro que cubra un daño ambiental como el que podría ocurrir en la montaña, partiendo de la base que no hay un valor estipulado, por ejemplo, si se contamina el agua. De todas formas, las mineras apelaron a lo que existe en el mercado, un seguro de caución ‘premium’ que cubren altos volúmenes de dinero. Barrick (Veladero y Lama) y Minas Argentinas (Gualcamayo) contrataron a Nación Seguros, y Troy (Casposo) lo hizo con Prudencia Seguros. Por ejemplo, por Casposo la empresa desembolsa anualmente 237.969 pesos para cubrir una masa crítica de 5.984.768 pesos, informó Rubén Femenía, del área Contable. El seguro de caución o garantía, obliga a indemnizar al asegurado (los recursos naturales de la provincia) por los perjuicios que sufra en caso de que el tomador del seguro (la minera) incumpla sus obligaciones. Si bien se estaría cumpliendo con la ley, sigue quedando un vacío que despierta polémica (ver recuadro), en virtud de que sigue sin establecerse el monto ante un daño.