Buenos Aires, 14 de noviembre.- El Gobierno dará esta semana los últimos pasos para completar la primera fase del plan que lanzó hace 15 días con vistas a reducir el enorme volumen de subsidios –unos $ 70.000 millones este año– que se destinan a mantener controladas las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Será mediante un doble mecanismo: por un lado, le dejará en claro a líderes provinciales que si aumentan tarifas les reducirán los aportes nacionales. Y, por el otro, implementará subas en promedio del 150% en el servicio de agua, a partir de diciembre para los sectores ya anunciados: bancos, juegos de azar, aeropuertos internacionales, telefónicas, mineras y petroleras, entre otras.

En paralelo, el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, confirmó ayer que si municipios, provincias o el propio Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri, autorizan aumentos en servicios que cuenten con subsidios del Estado nacional, se les retirarán transferencias por igual porcentaje.

Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación de Planificación y uno de los encargados de liderar la comisión que debe estudiar caso por caso los segmentos a los que se les reducirán los subsidios, lo expresó en estos términos a la agencia Télam: “Si alguna provincia aumenta las tarifas de los servicios públicos que regula, se le descontará en la misma proporción de los subsidios que envía el gobierno nacional. Lo que hemos anunciado es una baja en los subsidios; no un aumento de tarifas”.

El funcionario, mano derecha de De Vido, agregó que “esto incluye transporte público de pasajeros, electricidad y gas”. Esa regla, además, regirá para cualquier “modificación de los impuestos que se aplican a esos servicios.

El mensaje de Baratta no es ingenuo. Durante los últimos días, hubo aumentos en los servicios públicos en provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones y La Rioja.

Como ejemplo reciente se puede citar a la Subsecretaría de Transporte santafesina, actualizó desde ayer las tarifas de los colectivos interurbanos entre 9% y 18%, según la distancia. Entre los argumentos que esgrimió, figuran la necesidad de “mantener sustentable al sistema” frente a las alzas de costos y atento a la asimetría existente en el reparto de los fondos para subsidios por parte del gobierno nacional entre el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

El gobierno nacional subsidia el gasoil que se utiliza en el transporte público provincial, que tiene una incidencia muy variable en todos los casos. De todas formas, siempre está por debajo de los aportes que realiza en el AMBA.