A tono con su historia, Abuelo Yuyi sigue amasando la esperanza de continuar con su tradición pizzera contra viento y marea. El local de Urquiza y Central donde trabajan 20 personas finalmente ayer no fue rematado como se había anunciado. Una acción de último momento, por parte de los abogados de la administradora de la sucesión, Alcira Soria, logró incorporar el pedido de un proceso preventivo de quiebra ante el Juzgado Comercial Especial que dirige Javier Vázquez, y detener la bajada del martillo. Al abrirse un juicio de posible quiebra, el juez libró una cautelar de no innovar y el remate queda frenado. “El juez abrió el concurso y debe cumplir con las formalidades de reunir la firma de todos los herederos de la sucesión y avanzar con el concurso de acreedores. De continuar, eso da un plazo de 1 año para que se presente algún plan de pago posible a los acreedores y si no se puede cumplir, cae en quiebra. Ahí cabe la posibilidad de que para evitar la liquidación de la sociedad, se forme una cooperativa entre los empleados”, explicó Henry Peralta, contador público y miembro del staff de la Fundación de Estudios Estratégicos Celeste y Blanco que se encargó del salvataje de la tradicional firma. Desde hace una decena de años esta entidad se encarga de asesorar en lo relacionado a reconducción de empresas y el armado de cooperativas de empleados, y concursos preventivos de quiebra, tanto comerciales como individuales.
El nuevo capítulo de este sainete comenzó el lunes al atardecer cuando estos abogados y profesionales acudieron al llamado de los actuales administradores, y en tiempo récord realizaron ayer la presentación que frenó la subasta. “Ahora la realidad es que hay 20 familias que están resguardando su fuente de trabajo, y lo otro es que remataban un inmueble que cuesta 1 millón de dólares por el 10 por ciento de su valor original, es increíble”, dijo ayer Peralta.
El futuro
Tanto el martillero, Raúl Martínez, como el Juez Civil, Héctor Royan, confirmaron la suspensión de la subasta. Pero el magistrado fue quien sugirió que en esta historia aún queda mucha tela por cortar y no descartó que la orden de remate resurja. “Lo que se ha ordenado es una medida cautelar innovativa para que no se realice la subasta mientras se analiza la procedencia o no formal del concurso. Si el juez (comercial) hace lugar al concurso (de acreedores) se inicia un juicio largo; si lo rechaza, ordenará el levantamiento de esa cautelar, me lo comunicará y ahí volveríamos a hacer la publicación del edicto de remate”, informó. Fuentes judiciales adelantaron que este juzgado ya ha ordenado que mientras eso se dirime, se haga una nueva constatación del inmueble porque la existente en el expediente era de varios años atrás. La finalidad de esto es de contar con información actualizada en el próximo e hipotético edicto que saque el magistrado, donde conste cuál es la situación actual del inmueble, con todos los datos que necesitan saber quienes acuden a comprar a un remate.
Deuda sin pagar
La pizzeria Abuelo Yuyi iba a ser rematada por solicitud de la Fiscalía de Estado para cobrarse una deuda de casi 1 millón de pesos que forma parte del llamado Residual del Banco San Juan. El antiguo dueño de Abuelo Yuyi, de apellido Morandi, solicitó en 1994 un crédito al banco San Juan con garantía en el inmueble, que nunca pagó. En el ‘96 el banco se privatizó y las deudas impagas quedaron en manos de la provincia. En el año 2002 los propietarios del local acordaron un convenio de pago que al final incumplieron y en el año 2005 la Fiscalía de Estado solicitó la ejecución de la hipoteca. Recién en el año 2011 el Primer Juzgado Civil ordenó el remate que, tras idas y vueltas, se iba a concretar ayer. En el último tiempo, Soria, la apoderada del lugar, pidió tiempo para vender el inmueble en forma particular y cancelar la deuda al Estado, además de poder acordar que el nuevo comprador le alquile el negocio con el fin de salvaguardar las fuentes de trabajo.
Peralta dijo que ayer se acercaron varios interesados al remate y ninguno pensaba ofertar más de la base establecida en 400 mil pesos.