El 13 de septiembre de 2015, en el gobierno de José Luis Gioja, una válvula de venteo de las cañerías matrices de producción de la mina Veladero sufrió una rotura, por lo que se produjo una fuga de solución cianurada. Por ese motivo, en la gestión de Sergio Uñac, el Ministerio de Minería llevó adelante un sumario administrativo que derivó en una de las multas más altas aplicada en la actividad: 145.696.000 pesos. Si bien Barrick pagó, inició una demanda contra el Estado, en la que solicitó que se anule la resolución y, en consecuencia, que se le reintegre el dinero cancelado, más los intereses generados desde la fecha del pago hasta el dictado de la sentencia. El planteo cayó en el juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, quien, a fines de 2022, le rechazó la demanda. Ahora, dicho fallo fue confirmado por la Sala IV de la Cámara Civil, la que denegó el recurso de apelación y confirmó la sentencia, por lo que la empresa vio truncada su pretensión sobre el pago de la multa. El único camino que les queda es ir hasta al Corte de Justicia, acción que, según indicaron fuentes judiciales, la empresa va a tomar.
Según los registros, por el derrame de 2015, se detectó que un millón de litros de solución cianurada llegó a los ríos iglesianos Los Potrerillos, Las Taguas y La Palca. Por el hecho, ocho exempleados (entre ellos, algunos ejecutivos) fueron procesados. Todos zafaron del juicio al obtener una probation, esto es, evitar el proceso a cambio de una reparación simbólica en dinero y la realización de tareas comunitarias. Tras ese hecho, al año siguiente ocurrieron dos episodios más, por los que la empresa también fue multada (Ver PROBATION Y ….).
Para intentar revertir la primera sanción, Barrick sostuvo que el sumario tuvo errores y, así, consideró que "no actuó con negligencia, imprevisión, ni hubo culpa". Además, intentó justificar el incidente al indicar que "el suceso fue imprevisto e imprevisible, derivado de las condiciones climáticas que provocaron el congelamiento de las tuberías. Que ni el conocimiento de la infraestructura ni la experiencia de 10 años de operación fueron suficientes para prevenir el siniestro". No fue lo único, ya que afirmaron que "es una falacia que haya existido un menoscabo ambiental o daño ambiental y tampoco que, del incidente, haya derivado un riesgo para la salud y la seguridad de las personas". Por su parte, la provincia resaltó que la compañía no había controlado "en lo más mínimo" y "cada media hora", como establece la norma, el circuito y las válvulas de venteo, "lo que prueba la clara negligencia de la empresa", lo que fue ratificado por Tettamanti.
Los jueces de Cámara también destacaron que "la fuga fue advertida a raíz de la modificación en el caudal, habiendo transcurrido aproximadamente doce horas desde que se produjo la rotura hasta que fue informado el incremento de caudal, lo que denota una conducta negligente por parte de la empresa, consistente en el incumplimiento del Plan de Acción de Emergencia (PADE) y Plan Operativo de Monitoreo de Control y Mantenimiento, tal como lo expuso la autoridad administrativa en la Resolución". Por eso, rechazaron la apelación de la firma y confirmaron el fallo de primera instancia y la multa.
PROBATION Y MULTAS
> Exdirectivos
Por el derrame de 2015, ocho exdirectivos de la empresa fueron procesados, pero pidieron una suspensión de juicio a prueba. Los implicados fueron Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina a cargo de Gerencia General), Ángel Escudero (jefe de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios Técnicos), David Sánchez (jefe General de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cortéz (supervisor Junior de Medio Ambiente). La justicia les concedió el beneficio.
> Otros incidentes
El 8 de septiembre de 2016, se produjo una fuga de solución cianurada, pero que no salió del valle de lixiviación y, por lo tanto, no afectó ningún río. Se abrió una causa penal, pero como no hubo contaminación, se archivó. Lo mismo sucedió con el expediente a raíz del tercer incidente, que se registró el 28 de marzo de 2017, con el derrame de solución rica que tampoco salió del valle de lixiviación. Por ambos casos, la provincia avanzó con un sumario administrativo que derivó en multas, las que se aplicaron a fines de 2017. La sanción total fue de poco más de 104 millones de pesos.