Metrogas, la empresa de capital español y británico que distribuye gas en Buenos Aires y su periferia, anunció ayer que llamará a un concurso de acreedores ante el fracaso en refinanciar sus deudas. La decisión de la compañía hizo que el Gobierno argentino resolviera intervenirla para garantizar el servicio público de suministro de gas, según fuentes oficiales.

El Ejecutivo nacional decidió ayer la intervención de Metrogas "hasta reestructurar su deuda", a la vez que rechazó el argumento de la compañía acerca de que su incumplimiento es consecuencia de que las tarifas del servicio que presta se encuentran congeladas desde hace 11 años.

La empresa, que afirma ser la principal de América latina, asegura haber padecido perjuicios por "devaluación del 2002, la pesificación de activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país, el consecuente incremento de los precios internos y la pesificación de precios y el congelamiento de tarifas de los Servicios Públicos".

De todos modos, Metrogas aseguró que "se mantiene la calidad en la prestación del servicio de distribución de gas".

La mayor distribuidora de gas de Argentina, controlada por British Gas y la hispano-argentina Repsol YPF, recordó ayer que en octubre de 2008 suscribió un acuerdo con el Gobierno argentino para negociar un nuevo cuadro tarifario, que nunca se hizo efectivo porque el Ministerio de Planificación no dio aún su visto bueno.

Según la compañía, que el año pasado registró una pérdida neta de 78,3 millones de pesos -un 478,2 por ciento más que en 2008-, en estos once años sus costos operativos se incrementaron en un 210 por ciento, sin contar con subsidios estatales, de los que sí se han beneficiado otras empresas de servicios públicos.

Al anunciar la intervención de la compañía, el Gobierno explicó que "la renegociación del contrato con Metrogas no fue posible por la sistemática y obstinada negativa de la empresa" a retirar una demanda contra el Estado argentino ante un tribunal arbitral internacional por la congelación tarifaria.

El reclamo, por 200 millones de dólares, fue interpuesto ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por British Gas, dueña del 54,67 por ciento de Gas Argentino, sociedad que controla el 70 por ciento de Metrogas y en la que también es socia Repsol YPF (45,33 por ciento).

La resolución gubernamental que dispone la intervención asegura que desde que la empresa inició su actividad, a finales de 1992, incrementó "sistemáticamente su exposición financiera durante cada uno de los ejercicios económicos, privilegiando endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados por la propia empresa".