Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino la exportadora de cereales Vicentín. El Mandatario, que hizo referencia varias veces a la soberanía alimentaria del país, también anunció que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. En ese contexto, los legisladores nacionales por San Juan, Walberto Allende, Marcelo Orrego y Roberto Basualdo, opinaron sobre la medida en radio Sarmiento.
Walberto Allende / Diputado Nacional
“Esto se venía viendo desde principio de año, cuando conocimos los argentinos la cantidad de dinero que recibió esta empresa en préstamos del Banco Nación. Nos sorprende que una empresa que tiene una deuda del alrededor de 100 mil millones de pesos pueda acceder de modo tan simple a este tipo de préstamos de los bancos oficiales.
Esta medida llega por una empresa importante que había incurrido en otros rubros más allá de la producción cerealera y ponía en juego cientos de puesto de trabajo se había cortado la cadena de pago con proveedores y demás. Habrá que ver bien el alcance del DNU si va a ser una empresa que se maneje en la órbita del Estado o que vuelva después a manos privadas.
Yo soy de la idea de que vuelva a manos privadas, tal vez por las malas experiencias que hemos tenido los argentinos en algunas cuestiones que han sido manejadas por el Estado. Pero me parece bien que esta medida se haya tomado a tiempo porque es una empresa vital para los argentinos.
Tiene que ver con que es una empresa de primera línea y fundamental para la provisión de alimentos en el país.
Hay que ver cómo sigue porque si no, los argentinos volvemos a presenciar que se utiliza fondos públicos en beneficios de estas empresas que después van a parar a cualquier lado. Desde la Cámara de Diputados hemos presentado proyectos para ver cómo podemos colaborar con las Pymes que no podían acceder a beneficios y resulta que estas empresas grandes eran beneficiadas en complicidad de alguien a recibir créditos que jamás iban a devolver”.
Marcelo Orrego / Diputado Nacional
“Esta es una medida innecesaria que tiene consecuencias impredecibles y que deteriora la confianza en el país y cierra las puertas para el ingreso de futuras inversiones extranjeras, que van a ser necesarias para solucionar el momento de crisis que genera la propia pandemia.
Por otro lado, el Estado puede intervenir sólo en empresas con una ley previa del Congreso de la Nación. Hoy se generó esta figura que crea la intervención de la empresa por 60 días, pero en el momento no hay una ley previa. Esto va en contra del principio de la propiedad privada establecida en la Constitución. Por eso, desde mi punto de vista, la medida es inconstitucional.
Si esta es la respuesta del Gobierno a las empresas en crisis, ¿cómo vamos a traer inversores o vamos a pedirles a los empresarios que inviertan? Las empresas están al borde del colapso, en medio de la pandemia y ahora les preocupa este gesto que ha tenido el Gobierno.
Las expropiaciones siempre funcionaron mal, es como volver al pasado. Yo creo que realmente estamos tropezando con la misma piedra y volviendo a cosas que fueron parte del kirchnerismo y que no dieron resultado.
Vamos a ver, hay que esperar para saber cuál es el alcance de esta medida y veremos en el futuro si esto va a ser parte de una política de Estado”.
Roberto Basualdo / Senador Nacional
“Primero, este tipo de intervenciones no se puede realizar, sería la Justicia la que tiene que intervenir.
Pero además, siempre terminamos pagando las deudas, porque el Estado se hace cargo de pasivos, no de activos. Estamos comprando todo mal. Si querés salvar la empresa esperá. Si la compra otro listo. Y si querés quedarte con la empresa para rescartarla, esperá que quiebre, comprá la quiebra, rescatás al personal y empezás a funcionar.
Pero no comprás ningún pasivo oculto porque todo lo que debe la empresa lo vamos a terminar pagando los argentinos y después se va a sumar el juicio que van a hacer los dueños de la empresa porque no se la pagaste. Tremendo, siempre pagamos tres veces más de lo que vale, pasó con Aerolíneas y pasó con YPF.
Después, si queremos manejar la junta de granos esto no es necesario. El precio del dólar lo pone el Estado con las retenciones”.