La aplicación de un impuesto al vino y el impacto negativo que tendrá sobre economías regionales como la de San Juan formaron parte de los cuestionamientos que presentaron ayer los industriales sanjuaninos en la reunión en la que la cúpula de la Unión Industrial Argentina recibió a los Ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Producción, Francisco Cabrera; y de Hacienda, Nicolas Dujovne.
Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y el vice, Gustavo Fernández; participaron junto a sus pares del resto de las provincias en la presentación que los ministros nacionales realizaron en la central fabril sobre las reformas impositivas y laborales que elevaran al Congreso.Si bien en general recibieron el respaldo de la mayoría de los puntos, también a la hora de las exposiciones se llevaron la queja cuyana por la aplicación de impuestos internos al vino dentro de las bebidas alcohólicas.
De parte de San Juan fue el propio Goransky, presidente de la central fabril local; quien además entregó carpetas a cada uno de los ministros nacionales con el pedido sanjuanino, en las cuales elevaron la preocupación sobre la pretensión de aplicar un impuesto interno del 10% a la principal industria “insigne de la región de Cuyo”. Puntualizó que el ámbito de consumo del vino es el familiar, y “que no es aceptable la calificación de bebida no saludable”, porque no es responsable del incremento del alcoholismo en Argentina, el cual atribuyó a “otras bebidas alcohólicas”. En ese sentido, se indicó que el consumo per cápita se ha reducido en las últimas décadas mientras que el alcoholismo sigue en aumento. Agregó que los ministros escucharon atentamente los pedidos y prometieron estudiar cada uno de los puntos. Respecto al vino en particular, Dujovne anticipó que hoy a las 17,30 mantendrá una reunión con el sector vitivinícola de San Juan y Mendoza.
Hasta el cierre de edición estaba confirmada la participación del gobernador Sergio Uñac junto a su par de Mendoza, Alfredo Cornejo. También viajaran el Secretario de Agricultura y el Director de Asuntos Vitivinícolas, Ariel Lucero y Fioravante Da Rold respectivamente. “”Entiendo que hay predisposición para modificar ese impuesto interno, pero no hubo ninguna definición”, advirtió Goranzky, al termino de la reunión de casi dos horas que se realizó en el salón Petiribí de la sede de la Unión Industrial Argentina.
LOS RESPALDOS Y LAS QUEJAS
Entre las reformas que los industriales locales apoyan para mejorar la competitividad destacan la iniciativa de reducir el impuesto a las ganancias corporativas en la medida que sean reinvertidas en las empresas y abordar la problemática distorsiva de los impuestos provinciales de sellos e ingresos brutos en especial cuando se trata de ventas interjurisdiccionales bajo Convenio Multilateral. Cayó bien además la posibilidad de descontar el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) a cuenta de ganancias y las medidas tendientes a reducir la litigiosidad laboral, en particular las que refieren al trabajo de profesionales, autónomos y responsabilidad solidaria frente a contrataciones de servicios complementarios. Entre los aspectos cuestionados por los sanjuaninos, además del impuesto al vino, está que no se incluyen en la reforma disposiciones que diferencien el tratamiento fiscal y laboral entre grandes y pequeñas empresas y que no se compensan asimetrías geográficas, por déficits de infraestructuras como el ferrocarril; lo cual favorecería la concentración industrial en torno a los grandes centros urbanos. También solicitaron que revean el decreto 814 respecto a cambios de contribuciones patronales que significa mejoras para Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pero no para provincias del interior del país.
Los argumentos del sector vitivinícola
Se estima que en caso de aplicarse un impuesto interno sobre el vino comercializado en el mercado interno, en San Juan el monto a pagar por año ascendería a unos $ 634.569.290, según cálculos del sector. De esa forma, lo producido por unas 8.350 hectáreas -el 25% de la superficie total implantada actualmente- se deberían disponer para pagar el tributo. Advierten que además produciría una caída de la comercialización (menos volumen de vino comercializado), disminución de inversiones (agroquímicos y productos, enológicos, barricas, combustibles, envases), reducción de niveles productivos (menor actividad industrial) lo que traería aparejado una reducción de personal. Por último, la disminución en la comercialización de uvas (sector Primario) provocaría también una merma en los precios de uvas que se pagan al productor. Otro argumento que el gobierno provincial esgrimirá para intentar frenar su aplicación es que no tiene validez fundamentar el impuesto diciendo que el vino no es un alimento, porque esta declarado como tal en la ley N´ 26870 donde se lo declara “Bebida Nacional”, además así esta reconocido por la Organización Mundial de la Salud. En ese aspecto, señalan que hay numerosos estudios que revelan las propiedades nutritivas del vino, y que el consumo moderado trae beneficios para la salud. La vitivinicultura Argentina representa a 223.944 hectáreas, 17.600 viñateros y 106.000 puestos de trabajo directos y 280.000 indirectos. Genera 16,6 empleos por cada 10 ha de cultivo, mientras que el maíz, trigo y soja generan 1 empleo por 10 ha.