Después de intensas negociaciones, la Provincia llegó a un acuerdo con Harza y le pagará mucho menos de lo que reclamaba inicialmente por un juicio que lleva años en trámite. La compañía quería una indemnización cercana a los 30 millones para compensar las facturas que nunca le pagaron por la obra del dique de Ullum, pero el Estado agotó todas las vías de conciliación y consiguió cerrar en 15,8 millones de pesos. El desembolso será en bonos cuyo vencimiento ya operó y se haría efectivo el mes que viene.
El acuerdo no es suficiente para neutralizar el dolor de cabeza que significa un juicio heredado de otra gestión, pero al menos es un alivio para la administración giojista. Las negociaciones no fueron en vano y rindieron sus frutos, ya que la provincia terminará desembolsando casi la mitad de lo que podría haber perdido si las conversaciones no llegaban a buen puerto. Claro que la empresa también se vio beneficiada, porque la otra opción que tenía era no ceder y exponerse a obtener bonos a un plazo de 6 años.
El juicio es consecuencia de una deuda que se generó entre 1981 y 1984, cuando los gobiernos de aquel entonces no le pagaron a Harza por los servicios que prestó en la obra del dique de Ullum. Tras años de litigio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó en septiembre a la provincia a poner 2,4 millones de dólares y dejó a criterio de las partes la fórmula de pesificación que se aplicará para determinar la cifra final.
El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el ministro Francisco Alcoba encararon una larga serie de reuniones con los abogados de la compañía internacional para intentar cerrar un trato. Pero la diferencia era abismal. La empresa exigía 25 millones de pesos de capital y casi 5 millones más por honorarios, mientras que los funcionarios aseguraban que la liquidación era inconsistente y que el monto no llegaba a 16 millones.
En en diciembre, la Provincia formuló la última propuesta: 15,8 millones de pesos a pagar en bonos corrientes, es decir que ya vencieron y que se pueden cobrar ya. Los abogados de la contraparte se tomaron hasta este mes para contestar y finalmente, según fuentes calificadas, aceptaron la oferta.
La estimación oficial es que el pago saldrá el mes que viene. Así las cosas, Harza se hará de casi 16 millones de pesos en forma inmediata. Una vez que reciba los papeles, no tiene que hacer otra cosa que ir y cambiarlos en la bolsa de comercio a su valor nominal.
Los bonos provienen de la ley 7.669, que fue sancionada en 2005 por la gestión giojista para atender deuda anterior al 31 de diciembre de ese año. El Estado fue autorizado a emitir 130 millones de pesos, pero imprimió solamente 40 millones. De esa cantidad le quedó un remanente sin utilizar de 15,8 millones de pesos, que es con lo que se cancelará el monto del juicio iniciado por Harza en la década del ’80.
La alternativa que saltó a la mesa de negociaciones era afrontar la totalidad de lo que pedía la empresa. Pero en ese caso, al ser deuda anterior a al 31 de diciembre de 2005, el Estado estaba habilitado a emitir más bonos y amortizarlos a largo plazo.