La gestión uñaquista espera ser autorizada por los diputados para avanzar con su idea de hacerse cargo del Hospital Español, hoy en proceso de liquidación. Tiene los números para obtener el aval y ya está trabajando en una propuesta económica, apostando a no tener que pagar de una sola vez el millonario pasivo que arrastra el sanatorio privado. El grueso de la deuda es con la AFIP y el plan oficial consiste en entrar en la nueva moratoria que lanzó el Gobierno nacional, además de suscribir pagos en cuotas por el resto de las obligaciones. Eso permitiría evitar el desguace, preservar los puestos de trabajo y que los acreedores se garanticen el cobro.
El gobernador Sergio Uñac ya tomó la decisión política de ir por el Español. Entiende que San Juan no se puede dar el lujo de perder un centro de de atención médica de esa envergadura ni las fuentes de trabajo en juego y quiere convertirlo en un moderno hospital de niños público, para saldar una de las deudas que tienen el aparato de salud.
Ahora, Uñac y su equipo se concentran en el aspecto económico y las posibilidades para sanear las cuentas del nosocomio. A cambio, el Estado se quedaría con el edificio, la aparatología y los recursos humanos para mantenerlo en funcionamiento y no resentir la capacidad de dar respuesta a las personas enfermas.
A noviembre del año pasado, el pasivo que llevó al Español al estado de liquidación ascendía a algo más de 38 millones de pesos. El liquidador, Osvaldo Rebollo, en representación de Persona Jurídica, trabaja en estos momentos en actualizar el monto de la deuda al 30 de abril, fecha en la que se hizo el corte.
Si bien el pasivo es casi seguro que superará los 38 millones de pesos, se sabe que la mayor parte corresponde a cargas sociales impagas en la AFIP por las distintas administraciones que actuaron en el nosocomio. El monto exigido por el organismo recaudador asciende a unos 24 millones de pesos, es decir mucho más del 50 por ciento del total, y se está pagando a través de una moratoria que lanzó el kirchnerismo en 2015.
La gestión de Uñac tiene en mente adherir a la moratoria que anunció el viernes Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. Por los datos que han trascendido, en los despachos oficiales dan por hecho que es más ventajosa que la anterior y la idea es gozar de esos beneficios.
Así las cosas, si Diputados le da el OK y el liquidador acepta la propuesta oficial, el Estado provincial no tendría que desembolsar de golpe los 24 millones adeudados a la AFIP. Sería en cuotas, de acuerdo a las condiciones que imponga la nueva moratoria.
El resto de la deuda es con proveedores y el equipo médico y hay chances de ir pagándola progresivamente. En ese caso, la intención es hacer un desembolso inicial que cubra un porcentaje importante y llegar a un acuerdo por el saldo. Claro que, todo, está sujeto a lo que diga el liquidador.
Rebollo tiene que custodiar los intereses de los acreedores y conseguir que cobren todo o la mayor parte de lo que les debe la razón social que desaparecerá con la liquidación. Las opciones son dos: que aparezca un oferente que quiera mantener abierto el hospital y cubrir las deudas o desguazarlo y pagar lo que se pueda con lo que se recaude. La segunda es la menos deseada, porque no garantiza ingresos suficientes. La primera vendría como anillo para los intereses de los involucrados y es ahí donde podría cerrar la propuesta que haga la provincia.
En Diputados, el oficialismo es mayoría y es prácticamente un hecho que la autorización que pide el Ejecutivo será aprobada. Los opositores quieren tener más detalles de las cuentas del Español y acordaron con el presidente de la bancada uñaquista, Pablo García, invitar a Rebollo. El funcionario fue ayer a la Legislatura y quedó en informar sobre los números una vez que termine el informe que está elaborando.