La delegación local de la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó ayer ante el Juzgado Federal Nº1 de San Juan una medida cautelar de no innovar planteando la inconstitucionalidad de la flamante ley de protección de glaciares que fuera promulgada por la Nación el pasado jueves. Pero ni bien la noticia se hizo pública, se generó un malestar en esferas gubernamentales y sectores empresarios que acompañaron la presentación se llamaron a silencio e incluso desde la misma central obrera hubo contramarchas que pusieron en duda los hechos.
"Se ha planteado una medida cautelar de no innovar -tiene un sentido conservador- para resguardar las fuentes de trabajo y los emprendimientos mineros en funcionamiento. En la presentación que hicimos hablamos del carácter inconstitucional de la ley, porque viola los derechos provinciales y el tratado de Maipú con Chile, por el túnel de Agua Negra", dijo Cabello en declaraciones radiales ayer a la mañana. Según expresó el dirigente, acompañaban la presentación la Cámara Minera de San Juan, el gremio AOMA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Servicios Mineros (Casemi). Sin embargo, desde las tres primeras instituciones se llamaron a silencio -no contestaron las insistentes llamadas telefónicas de este diario-, mientras que de Casemi desconocieron que "tan pronto" hayan acudido a la Justicia y que ellos no habían firmado nada. En este sentido, el asesor legal de Casemi, Matías Pallito, dijo que "todavía no presentamos nada. Hemos intercambiado opiniones pero recién entre miércoles o jueves acudiríamos".
A mediados de mañana parecía haber más de un cabo suelto. Eduardo Cabello no contestaba el teléfono celular -en la UOCRA lo excusaron argumentando que estaba en una reunión con gente de la empresa Techint por "un tema de salarios"-, y el segundo del gremio de la construcción, Alberto Tobares, desconocía "los detalles" del escrito judicial. Al mismo tiempo, el secretario General de la Unión Obrera metalúrgica, Julio César Figueroa, se acercó por el Juzgado Federal -pasadas las 11 hs- a la espera del asesor legal de la CGT, José Parra, quien nunca apareció por el lugar y luego de un llamado telefónico, Figueroa desistió de tener contacto con la prensa -quien había acompañado su espera- y dijo que "mañana hablamos" y agregó, "hablen con Cabello".
Desde entonces todos los intentos por ubicar al titular de la central obrera local fueron en vano al igual que al abogado Parra. Sin embargo y luego de varios intentos, Parra contestó a este diario pero lo hizo por mensaje de texto -se le había enviado un mensaje previamente para explicarle el porqué de los insistentes llamados-, diciendo que "todavía no se ha presentado (un escrito ante la Justicia)". Curiosamente el titular del Juzgado Federal Nº1, Miguel Ángel Gálvez, había confirmado la información: "Hay una presentación", dijo escuetamente.
Las idas y vueltas, sumado a que la noticia se hiciera pública por distintos medios, no cayó bien en el Gobierno y fuentes confiables, argumentaron a este diario que "de esta manera se perjudica la estrategia de la provincia", en referencia a la mediatización que tuvo el tema.
El apuro de los empresarios y sindicalistas es que el Ejecutivo Nacional ya tiene plazos para instrumentar la ley de glaciares y efectiva puesta en marcha, dada cuenta que fue promulgada el jueves de la semana pasada y ya corre el tope de 90 días para reglamentarla, cuestión que es clave porque puede precisar algunos artículos que "pecan" -según esgrimen en el Gobierno- por contener "grises técnicos", en referencia por ejemplo, a la determinación exacta de cuál es la zona periglacial .