La falta de mérito que dictó la Cámara Penal a favor de los exmiembros del Tribunal de Tasaciones, la exjueza Rosalba Marún y el ex empleado estatal Néstor Ruiz en la megacuasa de las expropiaciones, llevó a la Fiscalía de Estado a preparar una batería de planteos para que se profundice la investigación. El organismo que dirige Guillermo De Sanctis entiende que los sospechosos se vieron favorecidos injustamente y pedirá que se produzcan más pruebas, con el objetivo de que sean procesados otra vez. Entre otras cosas, planea solicitar ampliaciones de indagatorias y nuevas pericias que demuestren que fueron parte de una presunta red delictiva que se decidió a inflar el valor de los terrenos que pagó o debe pagar el Estado.
Las presentaciones se esperan para febrero, cuando se retome la actividad judicial. El fiscal de Estado y el abogado querellante que actúa en nombre de la Provincia, Rubén Pontoriero, aprovecharon la feria de enero para estudiar el fallo de la Sala II de la Cámara Penal que confirmó el procesamiento del abogado Santiago Graffigna como líder de la asociación ilícita que presuntamente estafó a la Provincia en juicios de expropiaciones y que declaró la falta de mérito para Marún, Ruiz y los seis exmiembros del Tribunal de Tasaciones (TT) como partícipes de esa red.
La falta de mérito no implica que la persona sea declarada inocente, sino que debe seguir siendo investigada en primera instancia hasta que se determine si corresponde sobreseerla (queda desvinculada) o procesarla. De Sanctis y Pontoriero concluyeron que hay pruebas suficientes como para sostener la acusación y aportarán nuevos datos a la instrucción de la causa. La intención: demostrarle al juez que asumió en lugar de Rosselot, Benedicto Correa, que el accionar de los sospechosos era parte de un plan sistemático para sacarle plata de más a la Provincia y que los vuela a procesar.
Entre otras cosas, dijeron fuentes calificadas, pedirán ampliar las indagatorias de los beneficiados con la falta de mérito y más pericias sobre los plenarios que hizo el TT para fijar el precio de los terrenos expropiados. Además, es posible que aporten el sumario administrativo que determinó que los ex integrantes del organismo cometieron graves irregularidades.
Las indagatorias, pudo saber este diario, podrían ser por los casos Suraty y Basañes. En los dos, De Sanctis sostiene que hubo anomalías evidentes para favorecer a Graffigna (intervino en todos los juicios en la mira) a costa de la plata de la Provincia, y la jueza que entendió en los mismos es Marún.
La asociación ilícita es el delito más grave en juego y sobre el que el fiscal de Estado ha basado el grueso de sus denuncias. Pero tras el fallo de la Sala II, quedaron nada más que dos imputados por esa figura: Graffigna y la perito Ana María Melvin. Esto, a pesar de que para que se configure ese delito se necesita de 3 personas.
A partir de la resolución de la Sala II, los ex integrantes del organismo tasador quedaron al borde de ser desvinculados porque la falta de mérito a su favor también es para el delito de estafa contra las arcas públicas. Marún quedó imputada sólo por incumplimiento de deberes, delito que prescribe en marzo, y Ruiz sigue implicado por fraude a la administración pública.
En la Fiscalía de Estado dicen que los camaristas Eduardo Gil, José Vega y Juan Carlos Peluc cayeron en una contradicción en el fallo que dictaron. Afirman que, por un lado, valoraron las distintas pruebas recolectadas, las actas de desposesión de los terrenos expropiados y los plenarios del TT para sostener que el abogado lideraba una asociación ilícita y por el otro, se tomaron de esos mismos elementos para decir que no comparten el criterio de procesar a la exjueza y a los antiguos miembros del TT y que hay que seguir investigando.
Otro de los puntos que quiere profundizar el fiscal de Estado es el plenario del caso Benito Luna, que era representado por Graffigna. El inmueble estaba en Iglesia y el TT cambió de criterio y definió que era suburbano y no rural como otros que había tasado en la misma zona, lo que llevó a las nubes el precio a pagar por la Provincia. Hay dos datos más que llaman la atención: el terreno estaba bajo el agua y en juicios posteriores, que no eran llevadas por el mismo abogado, la repartición volvió al criterio anterior.