Tras la ampliación de la denuncia por el escándalo de las expropiaciones que hizo el Poder Ejecutivo a fines del mes pasado, la causa sigue demorada porque no hay un fiscal que intervenga. El primero en excusarse fue Daniel Guillén, alegando razones de amistad con dos de los presuntos sospechados, la jueza Rosalba Marún de Sobelvio y al ex juez Moisés Moya. La magistrada del caso, María Inés Rosellot, le aceptó el planteo y pasó el caso a manos de la Fiscalía de Instrucción Nro. 2, a cargo de Fabricio Medici. Pero en los pasillos de tribunales se comenta que también se excusaría. En ese caso, el que sigue en la lista es el titular de la Fiscalía Nro. 3, Carlos Rodríguez. Así las cosas, hasta que no haya un fiscal que intervenga, la causa no avanzará.
La ampliación de la denuncia que hizo el Ejecutivo se inscribe en la llamada megacausa que impulsó la administración giojista, por entender que en los juicios de expropiaciones habría actuado una red integrada por jueces, abogados y empleados del Estado para obtener jugosos pagos provenientes de las arcas provinciales.
Los nuevos hechos están referidos a una causa que se tramitó en el Primer Juzgado Civil, a cargo de Rosalva Marún de Sobelvio, que estaría viciada de irregularidades. En la denuncia figura que desaparecieron expedientes de tres expropiaciones, luego se concentraron en forma indebida, hubo un “cómplice silencio del Juzgado interviniente” y la magistrada hizo lugar a “una demanda y un reclamo que no se corresponde con el objeto demandado”, según aparece en el escrito.
Los expedientes estaban referidos a las expropiaciones de tres lotes ubicados en Cuesta del Viento. Uno era de 2,9 hectáreas y recayó en el Primer Juzgado Civil, el otro de 2 hectáreas y fue al Cuarto y el tercero tenía 4 hectáreas y recayó en el Séptimo.
El abogado Santiago Graffigna, que es el principal sospechoso de estar vinculado a distintas maniobras para obtener provecho en las expropiaciones que hizo el Estado, contestó la demanda que se interpuso en el Nº 1. Pero lo curioso es que los tres expedientes se perdieron y se reconstruyeron en uno solo que se siguió tramitando en ese Juzgado. No obstante, el letrado reclamó una indemnización por la superficie de las tres fracciones y no por la fracción de 2,9 hectáreas, que era el objeto de la causa en la que se presentó.
La ampliación de la denuncia advierte que Graffigna debería haber pedido la unificación de los expedientes. Pero nada de esto sucedió y lo mismo, la documentación se concentró en una sola causa.
Lo que le llama la atención en el Gobierno es que la jueza Marún de Sobelvio hizo lugar al reclamo de pago del abogado a pesar de que no coincide con el objeto original, que era la fracción de 2,9 hectáreas. Incluso, le apuntan directamente porque en un párrafo del escrito al decir que inexplicablemente no advirtió las anomalías señala que se dio un “cómplice silencio del Juzgado”.
La sospecha que pesa sobre la jueza es porque en procesos anteriores dictó sentencias “por montos sensiblemente superiores a las causas que se tramitaban en otros Juzgados”.
Entre las personas sospechadas de connivencia, en la denuncia también aparece el abogado de Fiscalía de Estado Norberto Baistrocchi, pero falleció la semana pasada. Los otros son la perito Ana María Melvin, los integrantes del Tribunal de Tasaciones, que preside el ingeniero Joaquín Francisco Fernández, y el ex juez Moisés Moya, quien hace pocos días dejó el puesto para acogerse a los beneficios de la jubilación.