Es el único sospechoso que estuvo oculto de la Justicia y que logró zafar de quedar detenido. Ahora, el único camino que le queda es presentarse en Tribunales para ser indagado por su presunta participación en el escándalo de las expropiaciones. Se trata de Horacio Alday, el exsocio de Santiago Graffigna, quien fue citado por el juez Benito Ortíz para el 25 de este mes. Además, el que también deberá brindar ese tipo de declaración, el jueves 12, es el abogado Gustavo Mulet, quien en un principio fue llamado a una informativa por la jueza originaria de la causa, María Inés Rosselot (jubilada). Las fuentes explicaron que Ortíz consideró que existe la suficiente sospecha para indagarlo. Sucede que está bajo la lupa porque se presume que colaboró para que la institución que representaba, terminara recibiendo un monto mucho menor de lo que en realidad tendría que haber cobrado en la cesión de los derechos de un juicio de expropiación. Y la Justicia trata de establecer si detrás de esa supuesta maniobra estuvo Graffigna.

La megacausa se generó tras una denuncia de la gestión giojista sobre la existencia de una red de jueces, abogados y funcionarios que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que la provincia expropiaba para sacar sumas siderales de sus arcas. La investigación que realizó Rosselot culminó con el procesamiento de 11 implicados. En ese marco, Graffigna quedó imputado como el líder de una asociación ilícita, figura que no contempla la excarcelación. El abogado estuvo alojado en el Penal de Chimbas, aunque consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud.

La causa estuvo frenada porque Rosselot se tomó licencia debido a que sufrió la fractura de su mano y hubo demoras, por inhibiciones y planteos de competencia, para que surgiera un magistrado que la reemplazara. La jueza finalmente se jubiló el 1 de mayo y el que fue designado para subrogar el Quinto de Instrucción y por lo tanto, estar a cargo de la megacausa, fue Ortíz, del Primero de Instrucción.

Luego de analizar el expediente, el magistrado fijó las fechas para las testimoniales de José Prividera y Alberto Basañez (ver recuadro) y las indagatorias de Alday y Mulet. Sobre Alday pesó una orden de captura internacional que luego quedó sin efecto tras un cambio de carátula, debido a los planteos de su abogado defensor en las distintas instancias judiciales (ver cronología). El exsocio de Graffigna quedó en la mira porque cobró en algunas causas que están siendo investigadas. Además, en un allanamiento que se hizo en su estudio jurídico se encontró un expediente que se había perdido en un Juzgado Civil y que después fue reconstruido irregularmente.

Por su parte, Mulet está involucrado en la causa llamada “Suraty”. El abogado asesoraba a la sociedad San Vicente de Paul y supuestamente no le informó a las autoridades que tenían a cobrar un juicio de expropiación de cerca de 1.170.000 pesos. La institución de beneficencia terminó cediendo ese derecho por 65 mil pesos, según destacaron las fuentes. Los que lo adquirieron fueron Miguel Suraty (con el 65 por ciento) y Mónica Almeida (con el 35 por ciento restante). La mujer, que era la secretaria de Mulet, luego cedería su parte a María Celina Infante, quien es hermana del socio del abogado que ahora será indagado, según figura en las constancias del expediente.