Desde el año 2008, los juicios de expropiaciones alimentan uno de los mayores escándalos inmobiliarios que se recuerden en la provincia y para la administración giojista se han convertido en un tema de absoluta prioridad. No es para menos. En cerca de 400 procesos que hay en trámite en Tribunales, la provincia se juega unos 2 mil millones de pesos que le reclaman los propietarios de terrenos expropiados, casi el doble de lo que se había estimado al principio. El pago está congelado por orden de una jueza, mientras investiga si es cierto que la cifra está inflada y que es producto de una aceitada organización de magistrados y abogados que se enriquece a costa del Estado.
Los juicios están repartidos entre juzgados de primera instancia, algunos fueron apelados por el Estado o los particulares a la Cámara Civil y otros llegaron a la Corte de Justicia. Pero hace poco quedaron congelados por una resolución de la jueza María Inés Rosellot, en el marco de una denuncia que presentó el Gobierno para que se investigue si en los procesos se cometieron irregularidades que perjudican al Estado.
Una expropiación es cuando el Estado decide tomar el inmueble de un particular para ejecutar una obra y a cambio, lo indemniza con el pago de una suma de dinero (ver Pasos…). Si el ex propietario no está de acuerdo con el ofrecimiento oficial, inicia un juicio en el fuero civil para discutir el precio que él considera justo.
Fuentes judiciales aseguraron que en Tribunales hay cerca de 400 juicios de este tipo y, aunque inicialmente se habló de 1.200 millones, aclararon que entre todos representan unos 2.000 millones de pesos a desembolsar por la provincia, lo que es equivalente a un tercio del presupuesto sanjuanino 2011. Pero ante las dudas de irregularidades en muchos procesos, Rosellot suspendió también los pagos hasta determinar si los montos son legítimos o fueron inflados como sospecha el Gobierno, que prepara nuevas medidas para demostrar su presunción de que el Estado fue estafado.
La gestión giojista presentó la denuncia después de una investigación propia, en la que descubrió que la Provincia fue condenada a pagar millones de pesos por lotes que no los valen. Por ejemplo, algunos expropiados hace décadas en Iglesia para hacer el Dique Cuesta del Viento, en Chimbas para construir el Canal Playa y el terreno donde está el Parque de Mayo. En Casa de Gobierno entienden que todo es producto de una red delictiva de jueces, abogados y ex funcionarios que usan artilugios legales, para que la provincia sea condenada por cifras astronómicas que no se condicen con la realidad.
Fuentes de gobierno aseguran que entre los magistrados que están en la mira se cuenta a Carlos Macchi, Rosalba Marún, los dos de primera instancia, y el camarista Moisés Moya. Según dijeron, el más complicado es el primero. Les llama la atención, entre otras cosas, que le diera curso a juicios sin que el expropiado acreditara su condición de propietario, que no objetara que el abogado de la contraparte litigó dos años sin poder -la ley dice que el máximo es 45 días-, que autorizara pagos por mejoras que no existían -por ejemplo, veredas en el Canal Playa- y que para determinar los montos a pagar por la provincia, haya aplicado intereses sobre intereses, algo que está prohibido.
Por el lado de los abogados sospechados, están Santiago Graffigna, que lleva la mayoría de los juicios de expropiaciones, y Horacio Alday. En Libertador y Paula sospechan que se ponían de acuerdo con los jueces para sacarle plata extra a la Provincia, a lo que se suma una nueva causa que los involucra por, presuntamente, haber estafado a sus clientes (Ver Abogados…).
La otra pata que en el Gobierno presumen que participaba es el abogado Norberto Baistrocchi, que el año pasado fue cesanteado como miembro de la Fiscalía de Estado. El Gobierno lo sumarió y determinó que fue negligente a la hora de defender los intereses de la provincia en los juicios. Llegaron a esa conclusión porque, de acuerdo al sumario, no apeló sentencias contrarias, dejó vencer plazos clave y no objetó anomalías procesales; lo que habría ayudado a que al Estado le impusieran fallos por números exorbitantes.