Fiscalía de Estado apeló el fallo de primera instancia que determinó que la ley de enganche salarial para los empleados judiciales está vigente y que, por lo tanto, debe aplicarse. El organismo encargado de defender las arcas públicas pidió que la resolución sea revisada en una instancia superior ya que, entre otros puntos, entiende que de ejecutarse “está en juego el patrimonio, en este caso, del Poder Judicial”, según señaló el fiscal Guillermo De Sanctis.
La norma, la 5.270, estipula que el sueldo de los empleados, funcionarios y magistrados está atado, en distintos porcentajes, al salario de un ministro de la Corte de Justicia. Sin embargo, el máximo tribunal, a través de una resolución interna, la dejó sin efecto en el 2000 y fijó una nueva escala con otra ley, “con valores mucho menores”, dijo Sebastián López, secretario general de la Unión Judicial. El sindicato pidió la nulidad de la medida y recibió el OK del conjuez, Rubén Mut. De aplicarse el enganche, deben reajustarse los haberes y encima pueden efectuarse cálculos retroactivos. Como ejemplo, López señaló que el sueldo actual de un escribiente mayor ronda los 5 mil pesos y con el cumplimiento de la norma, en base a estimaciones, pasaría a cobrar 9 mil pesos. Si bien la suma total no está determinada por un informe contable, desde el gremio estiman que es sumamente voluminosa.
El fiscal De Sanctis aclaró que “no quiero hacer juicios de valor sobre la justicia del reclamo”, pero destacó que “a priori, esta sentencia podría estar reñida con las leyes de emergencia económica”, como la que está sancionada en la provincia, en la que el Estado se encuentra en esa situación para evitar grandes erogaciones que hagan peligrar la prestación de sus servicios. López aseguró que quieren dialogar con De Sanctis porque “queremos evitar otro escándalo en la Justicia” y explicó que en el marco de la negociación para el cumplimiento de la norma, muchos de los empleados están dispuestos a renunciar al retroactivo. Por su parte, el fiscal aseguró que recibirá al gremio.