Una ayuda del llamado Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que el año pasado en medio de la crisis económica provocada por la pandemia usaron las empresas para pagar los salarios; ahora la tendrán que devolver. En San Juan se calculan que son unas 100 las empresas que tendrán que hacerlo, según las cuentas que sacan en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE), en su mayoría del sector exportador y de la construcción. Es porque en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinaron que las firmas incumplieron con los términos establecidos por el Gobierno nacional para usar esos recursos, entre ellos la falta más común fue la compra no autorizada de dólares. A nivel nacional son unas 2.000 las que deberán devolver el dinero de los diferentes medios de ayuda, es decir que las de la provincia representan el 5%. Rodolfo Zunino, integrante de la Comisión de Impuestos del CPCE, explicó que había tres tipos de restricciones para acceder al beneficio, distribuir dividendos o recomprar acciones por dos años, realizar erogaciones a personas relacionadas con el beneficiario, cuya residencia se encuentre en una jurisdicción de baja o nula tributación y la compra de dólares. Pero la más común ha sido esta última causa. ¿Cómo se enteraron en la AFIP de la irregularidad? Por el cruzamiento de datos entre el ente impositivo, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de las empresas ni el monto que deberá reintegrar cada una, pero es válido aclarar que el tamaño del subsidio, y por tanto el importe a devolver, varía mucho de una firma a otra, debido a que depende de la cantidad de empleados registrados que tenía el año pasado. La AFIP dispuso que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social sea el área encargada de llevar adelante las tareas de control y el procedimiento, que consta de una serie de pasos. Primero la AFIP intimará al contribuyente indicando los incumplimientos detectados, que deberán contener los motivos, periodos e importes. Después la empresa tendrá un plazo de 15 días hábiles para hacer un descargo y aportar pruebas en su defensa. O, en su defecto, realizar la devolución del dinero recibido por las ayudas a través de un plan que incluirá un pago a cuenta equivalente al 20% de la deuda consolidada, y el saldo en 5 cuotas. Pero, si la firma opta por hacer un descargo, el organismo resolverá y notificará al contribuyente, si lo acepta y archiva el expediente, o bien, si confirma la caducidad del beneficio. Según aclaran desde el CPCE, esta resolución tiene carácter definitivo y, en consecuencia, agota la instancia administrativa, quedando habilitada la vía judicial para el contribuyente. Hay que aclarar que como la demanda judicial no suspende los efectos de la resolución que declara la caducidad del beneficio, ante la falta de pago, la AFIP se encuentra facultada para iniciar el juicio de ejecución fiscal para el cobro de la deuda. Una opción que le queda al empresario es solicitar una medida cautelar que suspenda transitoriamente los efectos de la caducidad declarada. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, fueron en total 476.438 las empresas que recibieron al menos un beneficio del Programa ATP en todo el periodo de existencia a lo largo y ancho del país. Además, 306.761 empresas fueron beneficiarias en al menos una ronda (de un total de nueve) para la compensación del pago de salarios. Esta asistencia implica que el Estado nacional alcanzó a 2.965.909 trabajadores, lo que significó un monto total erogado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de $236.377 millones. También, 373.550 empresas fueron beneficiarias de la reducción/postergación de contribuciones patronales por un monto adicional que asciende a los $56.200 millones.—— Epigrafe Inicio ——
En todo el país
2.000 son las empresas de todo el país que fueron intimadas por la AFIP y deberán devolver el dinero de los ATP. De San Juan son unas 100, el 5%.
La evolución del programa
Durante 2020, para ayudar a las pymes la Nación aplicó nueve ediciones del programa de ATP, que en un momento tuvo un pico de 2,2 millones de trabajadores alcanzados. Con la apertura progresiva de las actividades ese número se fue reduciendo drásticamente, pero no dejó de ser considerable. El ATP 8, con el que se pagaron los sueldos de noviembre, alcanzó a 536.312 trabajadores de más de 33 mil empresas y demandó un gasto de más de $10 mil millones. El ATP pagaba la mitad de los salarios de los trabajadores, con un tope de dos salarios mínimos, es decir, $33.750. Esa suma se bajó a un tope de $26.764,4 en el último ATP del año. Pero, en febrero de este año, la administración nacional puso en marcha el programa de Recuperación Productiva (Repro II) para ayudar a las empresas a pagar los salarios, que significó el fin de los ATP y una baja a la mitad del gasto en ayudas directas por la pandemia.