Luego de la aparición de dos facturas emitidas a nombre de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por 150.150 pesos, por trabajos en el camping de Pocito que nunca se habrían realizado, el dueño de la empresa denunciada, Miguel Angel Audisio, aseguró que no recibió un peso de la entidad. Por el contrario, mostró documentación que da cuenta de que anuló las boletas porque no lo llegaron a contratar. La sospecha era que la organización hubiera pagado esa cifra, aunque no se han encontrado constancias en los registros contables.

El tema salió a la luz por una ampliación de denuncia que los nuevos directivos de la institución universitaria, conducidos por Omar Cereso, presentaron ante el juez Maximiliano Blejman. Fue en el marco de una causa judicial que tiene en la mira a los exdirectivos de la organización, Rubén Castro y Roberto Bazán, quienes fueron acusados de administración fraudulenta. El nuevo caso surgió luego de que personas desconocidas hicieran llegar a la mutual un sobre conteniendo 2 facturas. La primera fechada el 10 de enero del año pasado, es por 65.800 pesos, en concepto de reparación y pintura de la pileta. Y la segunda tiene fecha del 14 de octubre del año pasado, es por 84.350 pesos y fue confeccionada por la reparación del riego por goteo y cambio de filtros en el camping. El problema es que en esas instalaciones todavía no hay ningún equipo funcionando, más allá de que está el proyecto y que el mantenimiento de la pileta se hace con personal propio y que no se contrata a terceros. Las boletas fueron emitidas por la empresa Transporte “MAA”, que hace recolección y transporte de residuos, y que pertenece a Audisio.

Enterado por la publicación de este diario, Audisio aportó los originales de ambas facturas que aparecen anuladas. Según contó, no hizo los trabajos y para no tener que pagar impuestos, las descartó.

El empresario contó que convocado por Castro, el expresidente de la mutual, presupuestó el año pasado los trabajos y que incluso estuvo en el camping, donde le habían dicho que existía un sistema de riego por goteo, que él no llegó a ver. Y para poder cobrar, el dirigente le pidió las facturas para iniciar un expediente y poder cancelar los servicios. Pero que, empezaron a pasar los días y no lo llamaban para iniciar las tareas pactadas. Eso fue hasta que Castro le comunicó que había “problemas económicos” en la mutual y que por eso iban a dejar la faena para más adelante. Y fue cuando Audisio dijo que reclamó los originales para poder anularlos.

“Nunca cobré nada”, dijo el empresario y exhibió el facturero con las facturas anuladas e incluso la hizo certificar ante escribano público. A través de su abogado, Jorge Serer, se puso a disposición del juez Blejman para aclarar la situación, pero en el juzgado le dijeron que si es necesario lo van a convocar.

En la mutual, Cereso dijo que tampoco hay constancias de que esas facturas hayan sido pagadas.

Las sospechas por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la mutual comenzaron cuando las actuales autoridades descubrieron que la entidad arrastraba una deuda de 7 millones de pesos y que de esa cantidad, unos 5 millones correspondían al pago de cheques de prestamistas y que no había registros del destino de esos recursos.

A medida que escarbaba, la conducción encontró cheques al portador “sin la correspondiente orden de pago y el debido registro contable”. También faltaba la rendición de un subsidio de 564.942 pesos que el INAES le otorgó a la mutual para construir cabañas en el camping de Pocito, que aún en la actualidad están inconclusas.

Producto de todos estos vicios se estima que en los próximos días el juez Blejman tomará las primeras indagatorias.