Ayer, el juez federal Miguel Angel Gálvez suspendió la aplicación de 6 de los 18 artículos (ver aparte) de la ley de protección de glaciares, a pedido de varias cámaras empresarias mineras y gremios que habían presentado el lunes una medida cautelar de no innovar. La resolución judicial rige sólo para San Juan. "Por mi potestad hubiera podido frenarla en todo el país pero como las entidades que hicieron la presentación son sanjuaninas, sólo la suspendí acá", explicó el magistrado. Agregó que "es posible que en otras provincias se hagan eco", dejando la puerta abierta para que otras provincias que se sientan afectadas por esta ley puedan interponer acciones similares, ya sea el gobierno o entidades privadas.
La acción judicial interpuesta reclamaba que la flamante ley avasalla los derechos de las provincias de disponer de sus recursos naturales, pero además plantearon otras irregularidades: falta de delimitación de la zona periglacial y que el único organismo encargado de inventariar los glaciares sea el Ianigla -ente nacional- y no técnicos locales, entre otras. La provincia será citada en su carácter de "tercera interesada" y así todos los caminos conducen a que deba resolver la Corte Suprema, según establece el artículo 117 de la Constitución Nacional, en el caso que la provincia se hiciera "parte" en la causa, comentó el juez Gálvez. Además, y siguiendo la misma línea, la canadiense Barrick presentó ayer una medida cautelar con el mismo tenor.
"Los argumentos son que a "prima facie" podrían las normas, cuya suspensión de aplicación he decretado hoy (por ayer), estar en colisión con normas constitucionales. Aparte los actores pidieron que se cite como tercero interesado a la provincia y si esta se hiciera parte, cosa que creo pasará, se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien tiene competencia originaria", explicó Gálvez. La resolución expedida por el juez sanjuanino está caratulada como "AOMA y Otras contra el Estado Nacional por Acción de Inconstitucional".
En este sentido, el jefe de asesores del gobierno, Guillermo De Sanctis, dijo que "cuando nos convoquen, la provincia va a comparecer. Vamos a ejercer nuestra legítima defensa desde el concepto de federalismo, defendiendo las atribuciones y competencias que tiene la provincia. Se ha fijado una estrategia defensiva", concluyó el funcionario.
Así las cosas, a la provincia no se le corre traslado, porque las cámaras que solicitaron la medida ante la Justicia han pedido que se la involucre como tercera interesada. Entonces la provincia decidirá: puede ir con una simple expresión o puede hacerse parte, cuestión que sería determinante, ya que es la vía que la llevará a que el juez sanjuanino se desprenda de la causa y sea la Corte la que resuelva. También se le correrá traslado a la Procuraduría General de la Nación -los abogados del Estado-, para que actúen en consecuencia.
Ayer además, Barrick también acudió a la Justicia Federal y según dijeron fuentes judiciales, el escrito hace mención "a los derechos adquiridos que tiene la firma sobre la zona concesionada". Desde la minera sólo informaron -a través de un escueto comunicado- que "estamos solicitando el reconocimiento legal de esta posición como medida precautoria".
La acción judicial que llevó adelante la Asociación Minera Obrera Argentina (AOMA) -tanto nacional como local-; la Cámara Minera; la CGT local; la Cámara Argentina de Servicios Mineros (Casemi) y la Cámara Argentina de la Argentina, es parte de la estrategia legal que el Gobierno provincial encaró para frenar la aplicación de la ley.