El día después que se conociera el decreto presidencial que obliga a las empresas mineras a liquidar sus divisas en el país, es decir, a traer los dólares que recaudan por sus exportaciones y negociarlos en el mercado cambiario local, y ante las dudas que despierta una medida de este calibre, ayer por primera vez un funcionario local habló sobre el impacto que tendrá esta medida en la actividad: ‘Es muy posible que afecte el ritmo de inversiones que llegan a San Juan’, reconoció el ministro de Minería de la provincia, Felipe Saavedra. En tanto, el gobernador Gioja tildó el decreto como ‘justo‘ y que ‘era una situación que en algún momento se iba dar’.

Las declaraciones de Saavedra dan pie y abren el abanico del posible impacto que arrastrará el decreto y que, por lo bajo, ya advirtieron anteayer operadores mineros apenas se conoció la normativa. ‘Esto sin duda hay que analizarlo más profundamente, pero en principio la intención del Gobierno nacional de poner en iguales condiciones a todas las actividades productivas que hay en el país, es muy buena. Sin duda va a aumentar un poco los costos de las empresas y les va a significar un riesgo en el aspecto cambiario’, explicó el funcionario. Y agregó, ‘les va a exigir (a las empresas) que hagan una ingeniería financiera administrativa importante para materializar esto. Lo que sí hay que ver es qué va a pasar con los capitales que vienen y para eso se va a tener que hablar con las mineras y los técnicos del Banco Central para informar bien los alcances del decreto’. El Ministro apuntó al nicho de inversiones que genera el sector explorador en la provincia (el cual acarrea un récord histórico de empresas realizando cateos en la cordillera sanjuanina) que ante este decreto podrían verse desalentadas. En cuanto a las firmas que ya tienen proyectos en su etapa de explotación, aseguran que ‘es imposible’ que bajen la persiana y se vayan, más allá de los enojos que generó la medida.

En tanto, desde la Secretaría de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, dijo que ‘la decisión busca preservar la sanidad económica‘ y que ‘nada va a entorpecer el proceso de desarrollo de la actividad minera en la Argentina’.

Cuánto y cómo afectará el esquema financiero de las mineras el decreto 1722/11 es algo que hasta el momento las empresas no dicen y desde las esferas del Gobierno nacional insisten en explicar que la medida ‘sólo equipara la minería con otras actividades productivas’ y que no es algo que va en contra la actividad. Pese a esto, hay malestar en las mineras. En este sentido, ayer el presidente ejecutivo de Barrick, Aaron Regent, reconoció a la agencia Reuters que ‘tuvimos discusiones iniciales con la Secretaría de Minería y otros funcionarios del Gobierno para entender las implicaciones para nuestras operaciones y los objetivos’. Fuentes confiables aseguran que en el seno de las compañías lo que enojó no es la posible pérdida de dinero, sino el cambio ‘inconsulto’ de las reglas del juego. Ayer, tanto Saavedra como Gioja dijeron que no sabían que la Presidenta tenía sobre la mesa este decreto que se publicaría inmediatamente después del 23 de octubre.