El Gobierno nacional planea dar marcha atrás con el impuesto al vino. Los empresarios del sector habían puesto el grito en el cielo por el impacto negativo que argumentaban que tendría la nueva alícuota. En la discusión, de la que también forma parte el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, los bodegueros ganaron terreno y es la única concesión que el gabinete económico está dispuesto a hacer para contar con todo el apoyo necesario para aprobar el proyecto de ley de reforma impositiva. No correrán la misma suerte los productores licores, gaseosas y juegos con azúcar, champagne, sidras entre otros alcanzados por las nuevas alícuotas.

 

Desde la semana pasada, los técnicos del Palacio de Hacienda ultiman los detalles del texto que será presentado la semana que viene como proyecto de Ley. Los cambios impositivos planteados contemplan una alícuota de hasta el 29% en bebidas blancas (hasta ahora ese porcentaje es del 20%), un gravamen del 17% en cervezas (hoy es el 8%), vinos y sidras 10% (hoy no alcanzados) y gaseosas y jugos con azúcar agregada el 17% (hoy pagan entre el 4% y el 8%).

 

Los empresarios reaccionaron rápidamente y salieron a manifestar que el sobrecosto recaerá sobre los consumidores.Pero en Hacienda, tienen otra mirada. “Los empresarios son los mismos que decían que los precios en Argentina eran altos por la existencia de impuestos distorsivos y por el alto costo laboral. Ahora estamos trabajando en bajar el impuesto más distorsivo, que es Ingresos Brutos, y proponemos subsidiar una parte de las cargas patronales, aliviando los costos empresarios. Además, estamos ofreciendo alternativas para descontar el impuesto al cheque. No se entiende entonces por qué las quejas”, informó a este diario una alta fuente del Palacio de Hacienda. “Para el sector de bebidas, las nuevas alícuotas se compensaran con la rebaja impositiva que obtengan de las reformas que proponemos”, agregan.

 

Pero en el sector de vinos contradicen los argumentos oficiales. “La reforma plantea una rebaja de aportes del 21% al 19% a nivel nacional, pero para nuestros trabajadores vitivinícolas el número actual es del 12%. Es decir, hay un aumento encubierto de 7% de nuestro costos laborales”, se queja Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina. “Son millones de dólares adicionales a los impuestos internos que ya pagamos más los nuevos. Es un beneficio que tenemos y vamos a perder”, dijo.

 

En Hacienda afirman que prácticamente todos los países del mundo aplican alícuotas sobre bebidas con alcohol como el vino. Pero en el sector advierten sobre las implicancias de encarecer precios. “Al consumo vino hay que sostenerlo o desaparece”, advierten. Según un estudio del sector, en 1980 se tomaban más de 80 litros per cápita/año de vino en Argentina y en 2017 no llegará a 20 litros. “En Chile el 80% de la producción se exporta. En Argentina ese porcentaje sólo es del 20%. Por eso puede gravar en Chile el consumo interno de vino. Sin el mercado interno se perderán más hectáreas y productores”, agregó Do Pico.

 

Aunque en Hacienda no lo confirman, Clarín pudo saber que entre las concesiones que el Gobierno planea hacer para negociar la aprobación de la reforma tributaria, esta previsto dar marcha atrás con el gravamen al vino. “Es la bebida de insignia nacional,por lo que hay argumentos para proteger la producción y atender el pedido que solicitan”, explica una fuente oficial.

 

En el sector de gaseosas también manifestaron sus quejas. Advierten que deberán subir los precios para compensar la nueva carga tributaria, que pasaría directamente a manos de los consumidores. Pero Hacienda, no las toma en cuenta. “En el caso de las gaseosas, podrán promover el consumo de bebidas sin azúcar, ya que los mismos que producen unas, producen las otras. Por lo que debería subir el consumo de bebidas sin azúcar agregada que son más sanas, según plantea la OMC. Entonces no debería haber impacto en los balances de las empresas del sector”, sostiene la fuente oficial.

 

La reforma impositiva pretende corregir una fuerte distorsión. Actualmente el agua embotellada paga más impuestos que las gasesoas, por eso se las llevó a cero. Ese mercado es manejado en un 80% por 4 firmas: Coca Cola, Pepsi, Danone y Nestle. “Es inadmisible en un país con tantas personas debajo de la línea de la pobreza, y donde no todos tienen acceso al agua potable, que el agua embotellada pague en la actualidad más impuestos que una gaseosa”, deslizaron.

 

En tanto, en el ministerio de Producción manejan números sobre los cambios tributarios en el sector de motos. Para el equipo que comanda el ministro Francisco Cabrera, las motos gama baja quedarán sin cambios mientras que los precios de la gama media bajarían, producto del recorte impositivo (del 10% a 0%), mientras las de gama alta sufrirán subas de precios (al pasar a tributar del 10% a 20%).

 

Fuente: Clarín