"Este año vamos a saldar una deuda pendiente", dijo el gobernador Sergio Uñac en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, con referencia a la intención oficial de enviar a la brevedad un nuevo proyecto de ley de cierre de minas para su tratamiento y aprobación durante el 2019. La iniciativa establece la obligación para las empresas de crear un fondo de garantía con el objeto de que haya recursos disponibles para encarar la etapa final de explotación de cualquier proyecto metalífero o no metalífero en la provincia. De ese dinero, un 30% será destinado a la constitución de un fondo de previsión ambiental, que lo administrará el Ministerio de Minería una vez incluso que se retire la compañía, para evitar cualquier eventualidad que pueda dañar al ambiente o afectar a la seguridad pública.
San Juan será la primera provincia en contar con legislación específica en esta materia ya que, por ejemplo, Catamarca sólo tiene una resolución ministerial. Incluso a nivel nacional tampoco hay una ley.
"El proyecto apunta a asegurar el cumplimiento de las inversiones necesarias para preservar, recuperar y resguardar el medio ambiente, la salud, la seguridad y la mitigación de cualquier impacto negativo que puedan ocasionar la minería metalífera o no metalífera", dijo el ministro Alberto Hensel.
Un proyecto sobre esta materia había ingresado en mayo del año pasado e incluso fue debatido en las comisiones, pero no logró ser tratado en el recinto. Entre los temas que más diferencias generaron fue el porcentaje del fondo de previsión ambiental y si debía estar incluido también el sector no metalífero entre los obligados. La nueva propuesta define claramente ambas cuestiones y la intención en el Ejecutivo es que se apruebe durante este año.
El cierre de una mina consiste en una serie de trabajos planificados para que el sitio donde se desarrolló la actividad sea rehabilitado hasta niveles compatibles con un ambiente sano, conforme a criterios técnicos en calidad de aire, agua y suelo. Con esa finalidad las empresas deberán elaborar un plan en el que deberán detallar cuánto costará y cómo se harán las tareas. Con la norma aprobada, el Gobierno sanjuanino busca asegurarse que el dinero esté disponible para que la empresa lleve adelante la clausura del emprendimiento.
El proyecto prevé que estas tareas deberán tener como respaldo una garantía financiera constituida en certificados de depósito a plazo fijo, títulos públicos, un fondo fiduciario, una póliza de caución o en una sociedad de garantía recíproca. Los recursos serán ejecutados cuando el plan de cierre se active. Pero también habrá un fondo de previsión ambiental, que se constituirá con el 30% del total de los recursos, que administrará el Ministerio de Minería y que incluso podrá invertir para que no pierdan su valor. Serán utilizados ante cualquier eventualidad que pueda surgir, incluso después de que se retire la empresa.
Las compañías presentan en la actualidad un plan de cierre con su informe de impacto ambiental, pero no se detalla cómo se harán, cuánto costarán y el tiempo que demorarán, cuestiones que sí están establecidas en el proyecto que impulsa el Gobierno sanjuanino.
- Aplicación
La ley será aplicable a todo proyecto minero metalífero o no metalífero que inicie o reinicie su actividad. Es decir que se aplica a proyectos en operación o temporalmente inactivos, pero que puedan causar daños en el lugar donde están.
- Contenido
El plan deberá contener la descripción de las tareas y medidas técnicas, jurídicas, administrativas, ambientales, económicas, el costo, cronograma de aplicación y la descripción de los métodos de control, monitoreo y verificación de las etapas de cierre.
- Corrección
Cuando no se cumpla el plan de cierre, el Ministerio de Minería podrá disponer la paralización o suspensión de las operaciones mineras para prevenir daños inminentes al medio ambiente o corregir los que se estuvieren produciendo.
- Plazos
Cuando la vida útil de la mina fuera estimada hasta en 15 años, el total de la garantía deberá estar puesta a disposición a mitad de la vida útil. Si excede los 15 años, el total de la garantía deberá estar puesto a disposición dentro de los 10 años.
- Sanciones
Si hay incumplimiento de la ley que impulsa el Gobierno, las empresas podrán ser sancionadas con apercibimiento, multas, suspensión y ejecución de la garantía, clausura temporal del establecimiento, cierre o la inhabilitación para seguir funcionando.
Casposo
- De los principales proyectos en marcha, la compañía minera Austral Gold viene de informar días atrás la decisión de detener de inmediato la actividad en la mina de oro y plata Casposo, ubicada en Calingasta. El problema es que hay 205 trabajadores en forma directa que dependen de esa actividad y que serán reubicados.