Con la intención de contener despidos y sostener a las empresas en el sector privado en medio de la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria, el Gobierno afirmó esta tarde que ya aportó $850.000 millones, lo que representa unos 3 puntos del producto bruto interno (PBI).
La cifra informada por el Ejecutivo tras la reunión del gabinete económico en la Casa Rosada incluye lo que tiene previsto otorgar el sistema financiero, según precisaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su par de Trabajo, Claudio Moroni. El Gobierno se hará cargo allí de los subsidios de tasas de interés y de las garantías.
No hubo información oficial en la última conferencia de prensa sobre la procedencia del resto de los pesos inyectados en la economía por el Gobierno en momentos en que el país se encuentra vedado en los mercados financieros voluntarios de crédito, con escasas reservas internacionales y sin fondos anticíclicos. Varios analistas privados ya informaron en estos días sobre la creciente emisión monetaria. En los últimos 30 días de marzo, según datos privados, ya casi llegaba $600.000 millones y algunos economistas anticipaban que se mantendría en $300.000 millones mensuales en los próximos meses.
Tampoco hubo detalles en la presentación oficial sobre si el Gobierno está analizando medidas que excedan la postergación, reducción o el financiamiento de gravámenes vinculados solamente al trabajo. Por ahora, ni Desarrollo Productivo ni la AFIP informaron sobre cambios en impuestos relacionados a la actividad en momentos en que la gran parte del aparato productivo no está funcionando.
En detalle, el Gobierno informó que el paquete de apoyo en millones será para el salario complementario (70.000 millones), subsidio de tasa para el crédito a monotributistas ($11.000 millones) y garantías para los créditos para monotributistas ($26.000 millones). A esto se agrega el Ingreso de Emergencia Familiar ($80.000 millones), el refuerzo Asignación Universal por Hijo ($14.000 millones), el bono jubilados y pensionados ($13.500 millones); diferimiento deudas de jubilados y pensionados ($10.000 millones), el refuerzo de planes sociales ($1200 millones), el Procrear ($7800 millones), alimentos a comedores ($7000 millones), el aumento de inversión en obra pública ($100.000 millones), el Fogar para garantizar créditos al 24% a pymes $30.000 millones); crédito para Pymes y teletrabajo ($8000 millones) y créditos para parques industriales ($2400 millones), lo que da un subtotal de $273.900 millones. Por último, aparecen los créditos a empresas, monotributistas y autónomos por $470.000 millones. Todo el megapaquete es por 850.900 millones de pesos, o sea, 2,9 puntos del pbi.
Ayer, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una norma para ampliar la ayuda -de manera escalonada- a las empresas privadas para pagar los salarios de este mes, y otorgar créditos a tasa 0% para monotributistas y trabajadores autónomos.
Se trata de una extensión del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en la que además se aumentaron las prestaciones por desempleo hasta los $10.000 (piso de $6000). Antes, esa ayuda era de $4000.
El mismo decreto publicado esta mañana ya daba alguna una precisión sobre el costo fiscal. Se detalló que el Fondep dispondría de $11.000 millones para solventar el costo financiero total de los préstamos a tasa 0% y que el Fogar (que los garantiza) sumará $26.000 millones. Ambos fondos dependen del ministro de Desarrollo Productivo.
El Gobierno anunció que el Estado pagará este mes la mitad -y no el equivalente al salario mínimo, vital y móvil- de los salarios de los trabajadores de empresas del sector privado afectadas por la pandemia. Además lanzará créditos a tasa 0% subsidiados y garantizados al 100% por el Ministerio de Desarrollo Productivo para los autónomos y monotributistas. Esas líneas de financiamiento tendrán seis meses de gracia y doce para pagar y serán por hasta $150.000. Hasta la actualidad, no había medidas vinculadas a la ayuda a estos sectores cuentapropistas por parte del Estado. Sólo estaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero se limitaba solamente a las categorías A y B del monotributo.
Moroni señaló que los créditos serán saldos en las tarjetas de crédito de quienes los pidan. Estarán garantizados por el Estado. Y la AFIP va a precalificar a los trabajadores independientes que los pidan. Luego se depositarán esos saldos, vía CBU.
Hasta la conferencia de prensa, estos beneficios eran para los 420.000 empleadores que ya se había registrado al ATP. Sin embargo, Kulfas afirmó que abrirán mañana -por 48 horas- el registro para que puedan sumarse empresas e independientes. El ministro ya había adelantado que dos de cada tres empresas estaban recibiendo asistencia del Estado y que el 80% de los trabajadores cobrarían con ayuda pública.
Kulfas definió como "potente" el programa económico presentado por el Gobierno para amortiguar la pandemia del coronavirus y dijo que tiene como objetivo "preservar el trabajo y la producción nacional", para luego de superada la cuarentena -que dijo, se mantendrá de manera administrada y con flexibilizaciones en algunas actividades- iniciar "rápidamente la recuperación".
"El objetivo del programa ATP es dar certidumbre a las empresas con problemas que provoca la cuarentena forzada por la expansión de la pandemia del Covid-19", agregó el ministro de Desarrollo Productivo. Kulfas dijo que la decisión de que el Estado pagara la mitad del salarios es "una señal muy fuerte" para dar un horizonte a la actividad privada de cara al futuro. "Da una perspectiva muy clara", señaló.
Luego reiteró sus críticas a los bancos, sobre todo por la tardanza -en algunos casos- a la hora de ofrecer los créditos al 24% para capital de trabajo. Sin embargo, el funcionario saludó que ya hubiera preaprobados $150.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron casi la mitad.
"Lo que estamos tratando de evitar es que los contratos de trabajo no se rompan", señaló Moroni sobre los despidos en la conferencia de prensa. Reconoció a los acuerdos sobre suspensiones y señaló que, los convenios firmados en base al 223 bis, fueron razonables. "En otras partes del mundo vemos pérdidas masivas de empleo. Eso no está sucediendo en la Argentina", descartó el ministro.