En general, las paritarias avanzaron con aumentos que rondan el 20 por ciento y la posibilidad de reabrir la negación teniendo en cuenta la inflación. Sumado a eso, se planteó un cambio en las discusiones entre gremialistas, funcionarios y empresarios: la incorporación de cláusulas que tienen que ver con la productividad y la competitividad.

 

Un 30% de los 1.612 acuerdos que se firmaron el año pasado en el Ministerio de Trabajo incorporó ítems de productividad, según informó La Nación citando al ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Y en ese marco, destacó, el tema más repetido fue el plus por presentismo.

 

Pero para 2017, la expectativa del Gobierno es duplicar el porcentaje. Con la mayoría de las negociaciones del sector privado aún en marcha, la perspectiva es por ahora un anhelo. Aunque ya hubo acuerdos paradigmáticos que trazan un rumbo, como los convenios que se alcanzaron con los gremios de los petroleros, de los ferroviarios, de los navieros y los de los empleados de la industria láctea.

 

En tren de dinamizar la llegada de inversiones e intentar generar mayor competitividad en algunos sectores en caída, el Gobierno impuso la necesidad de modificar los convenios colectivos para reducir costos laborales, o al menos aprovechó la instancia paritaria para forzar el debate.

 

Recientemente hubo dos casos que ganaron notoriedad. Uno es el de los gremios petroleros de Chubut que atarán algunos beneficios laborales al valor mundial del barril del crudo. El salario base no se modificará, pero sí los ítems que engordan el mismo: "horas taxi" (remuneración extra por los tiempos de traslado y pernocte en los pozos), multifunción y adversidades climáticas. Participan de la letra chica del acuerdo los sindicalistas Antonio Cassia (Supeh) y Jorge Ávila (Petróleo y Gas Privado).

 

A la vez, el Gobierno acordó el viernes pasado con los empresarios de la industria láctea y el gremio de lecheros de Atilra un plan para "impulsar el sector y reinsertarlo en la senda de la competitividad y el desarrollo". Se avanzó en la modernización del convenio colectivo de Atilra y se convino reducir de 3000 a 1500 pesos el aporte patronal permanente que hacen los empresarios por cada trabajador para la obra social sindical. El ajuste sería aún mayor (de $ 3000 a 750) para las empresas más pequeñas.

 

En la misma línea con los petroleros y los lecheros, hubo cambios en el sector marítimo. Marcos Castro, el jefe gremial de los Capitanes de Ultramar, logró el aval para modificar el convenio y establecer nuevas cláusulas para embarcar en buques que realicen "mayoritariamente navegación internacional". Según Castro, el costo laboral en el sector es de un 32% y prevé ahora bajar ese porcentaje para el tráfico internacional.