A dos años de la reglamentación de la ley nacional, Nro 25.675, que creó un seguro ambiental obligatorio para todas las empresas o personas que realizan actividades contaminantes, hoy, en San Juan, no hay firmas que lo hayan contratado. Tanto empresarios como funcionaros dicen que no hay aseguradoras que ofrezcan este tipo de cobertura en el país.
Y agregaron que las firmas aseguradoras están trabajando para que la ley tenga bajada real y las empresas contraten un seguro ambiental que pueda cubrir cualquier accidente o problema en detrimento de la salud humana y del ambiente en general.
En teoría, este seguro es obligatorio para todas las industrias que tengan procesos que puedan contaminar el ambiente -desde bodegas hasta mineras- y también para el agro, ya que usa químicos que pueden ser nocivos (ver Claves).
"No existe al día de hoy ninguna aseguradora que ofrezca el seguro ambiental. Hay empresas importantes que están estudiando el tema. Pero para poder llegar a concretarlo, primero en la provincia hay que desnudar cada actividad, definir qué entra y qué no, y luego se debe estudiar cada caso en particular para establecer su seguro", dijo Sylvia Gimbernat, del cuerpo legal de la Secretaría de Minería de la Provincia.
Para encarar esos estudios en San Juan, la secretaría de Medio Ambiente acaba de crear la Unidad Evaluadora de Riesgo Ambiental (UERA) que estará integrada por ingenieros, geólogos, geofísicos y abogados, según informó José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental. La unidad lleva el mismo nombre que la creada a nivel nacional en el 2007, con el mismo objetivo.
"Estamos buscando los profesionales para esta unidad con la meta de trabajar en la creación de la bajada provincial, porque la ley es nacional, pero las provincias son autoridad de aplicación de las normas ambientales, por eso hay que hacer tareas específicas respecto a la bajada del seguro ambiental, en lo técnico y lo legal", dijo Espinoza.
El funcionario señaló que esa unidad determinará qué actividades son las que podrían contaminar y estarían alcanzadas por la ley, aunque la reglamentación de la norma nacional incluye 32 actividades entre las que están la minería metalífera pero también la explotación de carbón y uranio, la agricultura, ganadería, extracción de petróleo y gas, producción textil, de cueros, fabricación de químicos, plásticos, caucho, etc.
El Defensor del Pueblo, Julio Orihuela, dijo que a principios de año envió notas a Minería y después a Medio Ambiente para apurar y exigir a las empresas la contratación del seguro ambiental. "Pero lo cierto es que no hay aún aseguradoras que lo estén ofreciendo. Mientras tanto hace falta trabajar para determinar el nivel de riesgo de cada actividad y de cada emprendimiento en particular y que se fije el mínimo asegurable", admitió Orihuela. Por ese motivo, dijo que pedirá a la Superintendencia de Seguros de la Nación y a la entidad nacional creada para evaluar estos seguros -la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA)-, que informen si se trabajó sobre el riesgo ambiental en San Juan y en caso positivo, cuáles fueron los resultados.
