El ministro Cabrera, en la cabecera, junto a los gobernadores Uñac y Cornejo y referentes de ambas provincias. Dicen que el equipo técnico de producción entendió que reducir el mercado interno es achicar exportaciones y por tanto ingreso de divisas.

 

Sin resultados concretos, pero con la satisfacción de que toda la cadena vitivinícola -viñateros, bodegueros y entidades varias- junto a los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, se encolumnaron tras un contundente rechazo al impuesto interno al vino (ver aparte) que la Nación quiere incluir en el proyecto de Reforma Tributaria.

 

Así terminó ayer la reunión entre el Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y los representantes del sector vitivinícola, quienes luego destacaron las escasas veces que sucedió esa uniformidad de criterios. Lo negativo es que todos esperaban que se definiera el polémico impuesto al vino, pero el faltazo del Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hizo presuponer lo que finalmente sucedió: Cabrera no dio respuestas, sólo se limitó a escuchar y tomar nota de los reclamos y anticipó que la decisión final la tomará el presidente Macri.

 

Por eso ahora la expectativa se trasladó a la reunión que mantendrán hoy los gobernadores en Casa Rosada. “”El encuentro fue positivo, pudimos exponer los inconvenientes que un impuesto ocasionaría a la actividad, el sector y a las provincias e hicimos una defensa desde lo técnico, lo económico y lo social”, dijo Uñac al término de la reunión. Agregó que el ministro Cabrera se comprometió a estudiar la situación y transmitirla al presidente para dar una respuesta final “”que nosotros seguimos insistiendo debe ser la no implementación de un impuesto al vino, cero por ciento como se ha venido realizando hasta la fecha”, destacó. Uñac fue al encuentro junto al secretario de Agricultura, Ariel Lucero, y referentes de las entidades viñateras y bodegueras como Juan José Ramos, Alejandro Pons, José Molina y Mario Pulenta.

 

Cornejo también acudió con funcionarios y representantes del sector y la mayoría hizo aportes en la reunión. A su turno, Uñac destacó en primer lugar que el vino es una bebida saludable, determinado por la Organización Mundial de la Salud, pero además sostuvo que siendo el 80% de la producción de vinos que se queda en el mercado interno, la aplicación de un gravamen atenta contra el bolsillo de los consumidores argentinos y repercute afectando las exportaciones de manera directa. Además defendió la industria que da trabajo a miles de sanjuaninos, mencionando que existe una dependencia directa e indirecta de más de 40 mil trabajadores que están esperanzados en el mantenimiento o en el aumento de volumen de la misma.

 

Lucero agregó que la reunión fue “positiva”, y que el Ministro Cabrera consideró “”válidos” los argumentos presentados en la mesa. “”Ahora hay que esperar, pero en caso de obtener respuesta negativa, seguiremos trabajando con los legisladores para dar de baja el impuesto”, aseveró. El titular de la Asociación de Viñateros, Juan José Ramos, también expuso la imposibilidad del sector de soportar un gravamen, manifestó la necesidad de que la cadena de valor tenga una distribución equitativa y destacó que hubo “coincidencia total” en los argumentos.

 

José Molina, que lidera la Cámara de productores Vitícolas y es director de Coviar, también destacó la “”unidad de criterios” lograda ayer. “”Tener a 14 o 15 dirigentes hablando con el mismo discurso es elocuente”, dijo y destacó la participación de Uñac y Cornejo “que defendieron al sector a capa y espada”. Por su lado el mendocino Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, también destacó que todo el sector vitivinícola se mostró unido para expresar el impacto negativo de un impuesto y arriesgó que espera “una respuesta favorable”.

 

El gravamen

 

Luego de las elecciones se conoció que en el plan nacional de reforma impositiva se dispuso fijar un tributo del 10 por ciento para el vino y eliminar la exención que pesa sobre los espumantes del 17 por ciento. Todos los referentes vitivinícolas del país afirman que esa medida aumentará los costos, que ese incremento se trasladará al precio final y que eso provocará una caída del consumo en el deprimido mercado interno y pondrá en peligro miles de puestos de trabajo.