Un gremio o una asociación de profesionales que disponga de un terreno podrá acceder a un programa de viviendas que contará con un aporte del 30% del Gobierno nacional, mientras que un banco, que podrá ser el Nación o el San Juan, financiará el 70% restante. Además el Gobierno local o un municipio deberán proveer los servicios correspondientes, como agua y luz y asegurar que haya transporte público cerca. Éste es el plan destinado a sectores de clase media que funcionarios de la Secretaría de Vivienda de la Nación vinieron a presentar ayer a la provincia y que en el Gobierno sanjuanino analizan si se suman o no.
Es porque, entre otros requisitos, la administración local tiene que adherir a una ley nacional que propone estos sistemas constructivos bajo la modalidad de Asociación Pública Privada (APP).
Este programa permite y promueve el ingreso del sector privado en la gestión pública de proyectos de construcción de viviendas para los sectores de clase media en el país.
En el plan pueden participar gremios, cooperativas y asociaciones civiles o de profesionales, con el requisito de que pongan el terreno y los adjudicatarios necesarios desde el inicio del proyecto. La modalidad incluye que la Nación aporta el 30% del costo de la casa, que está pensada con unos 55 m2 cubiertos, de dos dormitorios y con un valor de hasta 1,2 millones de pesos. La construcción contempla futuras ampliaciones.
Ortiz Andino dijo que la deuda de la Nación con San Juan por casas es de $1.000 millones.
El 70% restante lo aporta un banco, que en principio es el de la Nación Argentina, pero el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, dijo que están en tratativas con el Banco San Juan para que también participe y no descartó que incluso el Gobierno sanjuanino pueda aportar recursos. “Estamos pensando en una 2.000 viviendas bajo esta modalidad”, dijo el funcionario.
El plan se completa con la participación del Gobierno provincial o de los municipios, que deben hacer los llamados a licitación, certificar los avances de obras y aportar la infraestructura de servicios. Es decir agua, electricidad, gas si fuera posible y asegurar que tenga servicio de transporte público de pasajeros cerca.
Lo que todavía no se sabe es el valor de la cuota que deberán pagar los adjudicatarios, que dependerá del tipo de crédito bancario del plan.
Luego de la presentación general, que estuvo a cargo de Marcelo Busellini, director nacional de Nuevos Desarrollos de Viviendas, se abrió un espacio de preguntas en el que representantes de las empresas constructoras locales plantearon sus dudas. Por ejemplo, que son las propias empresas las que deben tomar los créditos bancarios y responder con sus patrimonios, aunque después recibirán las cuotas que pagarán los beneficiarios de los planes.
Otro planteo fue qué pasaría si después de tomado el crédito no hay suficientes adjudicatarios, a lo que Busellini respondió que el Estado nacional “no puede garantizar la demanda”. Por su parte, el ministro Ortiz Andino sostuvo que “queremos que todos tomen riesgos”.