La provincia dio el puntapié inicial para empezar a cancelar una deuda histórica y millonaria con policías retirados. Se trata de una obligación que se generó en los años 1987 y 1988 por diferencias previsionales, que terminó disparando cientos de reclamos administrativos y judiciales de ex efectivos contra las arcas públicas. En uno de los juicios la provincia fue condenada y de los 740 demandantes que involucra el proceso, la Fiscalía de Estado ya dijo por escrito que le pagará a 6. También hay voluntad de cumplir con el resto, pero antes deberán acreditar que están legitimados para cobrar.
La llamada deuda 87, 88 es un viejo reclamo de policías jubilados que dicen haber sido víctimas de una mala liquidación de aportes previsionales en esa época, cuando la Caja de Jubilaciones dependía de la provincia. Tras años de protestas, un grupo decidió hacer juicio, otro prefirió presentar planteos administrativos y muchos no tomaron ninguna acción concreta para cobrar (ver Protestas).
Ayer, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, confirmó que en un juicio que involucra a 740 demandantes -todas los planteos se tramitaron en una sola causa- hay sentencia firme contra la provincia. Es decir, el fallo la obliga a pagar. El funcionario aseguró que “nosotros tenemos voluntad de pago y ya hemos comunicado en la Justicia que lo vamos a hacer con 6 actores” que han acreditado fehacientemente que tienen derecho a cobrar.
Como primer paso, el organismo le pidió al Ministerio de Hacienda la factibilidad financiera para hacer frente a la obligación. El dato es necesario para saber si el pago se puede hacer de contado o en cuotas, con qué periodicidad y a partir de cuándo. La tanda de 6 representa cerca de 75 mil pesos en conjunto y los montos individuales van entre los 8 mil y los 25 mil pesos, dependiendo de cada caso.
Los otros 734 acreedores representan una cifra cercana a los 9 millones de pesos y según De Sanctis, en estos casos el Estado también tiene intenciones de pago. Pero eso depende de que presenten una serie de documentación. El encargado del Área Asuntos Previsionales, Marcelo Miranda, explicó que los actores que aún están vivos se deberán presentar y dar a conocer quién es el abogado que los representa y en el caso de los que fallecieron, los herederos tienen que acompañar la declaratoria de heredero y la designación de un administrador con derecho a cobrar. Si cumplen con esos requisitos, no deberían tener problemas para percibir el dinero.
Los acreedores viene reclamando desde hace años antes las distintas gestiones de gobierno y cuando José Luis Gioja recibió la inquietud, aseguró públicamente que su administración iba a revisar el tema, para intentar encontrarle una salida. Se sabe que hay más juicios en trámite, pero hasta ayer la Fiscalía de Estado no había recibido ninguna notificación. Mientras que los reclamos administrativos están en evaluación en el Ministerio de Hacienda y en el de Gobierno, aunque no se conoce cuántos son ni qué monto representan. El último dato que dieron los ex policías es que los afectados son, en total, unos 3.500.