El juez Carlos Macchi está acusado de haber cometido graves irregularidades en 5 causas de expropiaciones que llevó adelante. Durante el proceso que definirá si lo destituyen o no de su cargo, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, sacó a relucir un nuevo caso del que dijo en su alegato que demuestra “la impunidad” con la que se manejó el magistrado. Es que en ese expediente, el juez condenó a la provincia a pagar una suma desorbitante por una vereda céntrica de apenas 55 m2 y luego de que se cancelara la deuda y tuviera efecto de cosa juzgada, dispuso una readecuación de la indemnización a pedido del abogado Santiago Graffigna, monto que también se terminó abonando. Fuentes allegadas al titular del organismo que defiende el patrimonio público aseguraron que es un elemento más que prueba la connivencia con el letrado.

La causa está caratulada como “Bórbore, José SACIAF contra Provincia de San Juan” y si bien se mencionó en el Jury, no puede ser incorporada junto a los 5 casos denunciados (ver recuadro). Sin embargo, las fuentes resaltaron que es “altamente probable” que forme parte de la futura denuncia penal contra el magistrado en la megacausa de las expropiaciones. En dicha investigación, la Justicia ya procesó a 10 implicados bajo la sospecha de que conformaron una asociación ilícita que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que el Estado expropiaba, en beneficio del organizador de esa red delictiva: Graffigna. Entre los procesados se encuentra la exjueza del Primero Civil, Rosalba Marún de Sobelvio.

La demanda en la causa “Bórbore” es por una vereda de 55 m2 ubicada en calle Mitre entre Alem y Catamarca. Según el expediente, Graffigna y su exsocio Horacio Alday hicieron la presentación en 1987 y 8 años después, Macchi dictó su sentencia. En la resolución, aplicó intereses del 8 por ciento anual desde la desposesión en 1947, más tasa activa desde 1991 hasta su efectivo pago, entre otros ítems. Entre 2003 y 2004, ordenó el embargo de las cuentas de la provincia por la planilla de liquidación que presentó Graffigna por 331 mil pesos. Ese monto, más los honorarios del abogado, llegó a los cerca de 410 mil pesos que se terminaron de pagar en junio de 2004.

Pero a pesar de que hubo sentencia definitiva, en 2005 Graffigna solicitó una readecuación del precio argumentando que la crisis del 2001 produjo una desvalorización de la indemnización del inmueble, indicaron las fuentes. Ante ese planteo, el abogado que intervino por Fiscalía de Estado, Fernando Heras, contestó que no podía plantearse ese fundamento porque al momento de la sentencia (en 1995) no se desencadenó la crisis económica mencionada. Sin embargo, el magistrado le hizo lugar al pedido de Graffigna y adicionó un índice de precios al consumidor general. Pero el demandante no quedó conforme con la resolución y la apeló, ya que exigía la aplicación de otro índice que elevaba aún más el valor. En esa instancia, el abogado de Fiscalía no apeló la resolución de Macchi, lo que resulta llamativo para los investigadores.

El expediente llegó a la Sala II de la Cámara Civil que rechazó el planteo de actualización por un nuevo índice. El Tribunal además señaló que el pago ya había quedado definido en la primera sentencia, por lo que era cosa juzgada, es decir, que no se podía volver atrás sobre una cuestión decidida. Pero como no hubo un cuestionamiento por parte del letrado de Fiscalía sobre la decisión de Macchi, los camaristas no pudieron revocar el fallo dado que sólo estaban facultados a resolver sobre el pedido de Graffigna, indicaron las fuentes.

Así, la resolución del magistrado quedó firme en junio de 2010 y el abogado terminó cobrando otros 350.560 pesos.

Durante el Jury, el fiscal De Sanctis manifestó en su alegato que en la tramitación de esta causa quedó demostrada “la impunidad” que desplegaba el magistrado. Lo definió como un caso “desopilante” que fue “resuelto y re-resuelto a los 10 años”. Como el caso se está investigando, el titular del organismo estatal prefirió no hacer declaraciones, pero fuentes de su equipo resaltaron que el expediente tiene fuertes chances de ser incorporado a las actuaciones que lleva adelante la Justicia por el escándalo de las expropiaciones.