En lo que va del 2019 ya fueron 30 las empresas que pidieron a la Secretaría de Trabajo la apertura de procedimientos preventivos de crisis (PPC), la etapa previa a despidos o suspensiones de personal que en los últimos tiempos volvieron a incrementarse en el país con casos resonantes como Fate, Coca Cola Femsa o Avianca.
El dato se desprende del extenso informe —el 117— que la Jefatura de Gabinete de ministros envió este lunes al Senado, en la previa de la visita de Marcos Peña a la Cámara alta, la primera de este año.
El año pasado, habían sido 146 las compañías que solicitaron PPC ante el ministerio que conduce Dante Sica, de los cuales 107 todavía están en trámite, 25 terminaron con acuerdo y 14 fracasaron en la negociación, según el informe de la Jefatura de Gabinete.
En el 2017, antes del inicio de la crisis del programa económico, los procedimientos preventivos de crisis pedidos por las empresas fueron 66, menos de la mitad de los solicitados en el 2018, según la información oficial. El dato marca, en ese sentido, la magnitud de la crisis del programa económico del Gobierno, que empezó a arrojar resultados negativos desde el año pasado.
Los PPC pedidos este año entre enero y mitad de marzo ya alcanzan la mitad de los que fueron requeridos en el 2017. Uno cada casi tres días.
Los procedimientos, previstos en la ley de empleo 24.013, se establecieron para empresas que prevean suspender o despedir personal "por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas" y que deben comunicar la solicitud ante el Ministerio de Producción y Trabajo.
Lo pueden exigir compañías con menos de 400 trabajadores que planeen medidas para más del 15% de la plantilla de personal; firmas con entre 400 y 1.000 empleados con más del 10% comprometido, y con más del 5% para empresas con más de 1.000 trabajadores.
A mediados del mes pasado, Producción había sido notificado de 7.666 desvinculaciones sin causa del sector privado, un requisito estipulado en el decreto de noviembre del 2018 en el que el Gobierno estableció el pago de un bono para paliar la espiral inflacionaria.
La mayor cifra de pedidos de los procedimientos preventivos había sido en 2003, después de la crisis del 2001: fueron 379. La siguiente fue el año pasado, en el momento más complejo de la crisis económica del gobierno de Macri.
De los 30 procedimientos preventivos presentados por las empresas, 27 continúan en trámite y uno finalizó sin acuerdo, según el informe de la Jefatura de Gabinete, de más de 600 páginas.
El pasado 10 de marzo, la cartera dirigida por Sica habilitó la apertura formal del procedimiento solicitado por Fate, la principal fabricante de neumáticos del país que emplea a más de 1.600 trabajadores bajo convenio y que manifestó que, por las dificultades de la economía, evaluaba despedir a más de 400.
La misma situación atravesó Femsa, principal embotelladora de la marca Coca Cola. Al final, tras reuniones entre la firma, las autoridades del Ministerio de Producción y Trabajo y el sindicato, se descartó la apertura del PPC pero se acordó la salida de 30 trabajadores. La compañía de capitales mexicanos había alegado problemas por la caída del consumo.
Hubo otras firmas que solicitaron el mismo procedimiento, como Avianca, la aerolínea que fue habilitada para operar en la Argentina durante esta administración.
El Gobierno encara la campaña electoral con malas noticias en el rubro de la economía. La semana pasada, el INDEC informó que el desempleo alcanzó el 9,1% en el último trimestre del 2018, y que afecta a más de 1.752.000 argentinos, el número más alto desde el 2005 en la comparación trimestral.
Unos días antes, el organismo había oficializado en 3,8% la inflación de febrero, con un acumulado del 51,3% en los últimos 12 meses. Este lunes, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) ubicó en 31,3% la pobreza multidimensional: el índice oficial, que revelará un aumento de la cantidad de pobres, será publicado este jueves por el INDEC.
Fuente: Infobae