El 18 de mayo del año pasado, la Cámara de Ajeros y Asociación de Semilleros de la provincia recurrieron al Quinto Juzgado Civil con un recurso de amparo para que intercediera y suspendiera la restricción de riego que había impuesto Hidráulica. Sin embargo ni siquiera se corrió traslado al Gobierno, porque de inmediato los convocaron a rediseñar el diagrama de "cortas". A casi un año de ese acontecimiento, otra vez desde los mismos sectores evalúan tomar el mismo camino ante la inflexibilidad que mostró el organismo que administra el agua de riego en la provincia. Se estima que unos 200 productores y unas 3.000 hectáreas son las que están en juego.
El planteo se sitúa principalmente en la fincas que alimenta el Canal del Norte -Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo-, ya que con el cronograma de "cortas" vigente -comenzó el 24 de marzo pasado- dicen que la siembra en las chacras se les ha complicado al punto de decidir no cultivar en algunas zonas. En el 2010 fueron 86 días de restricción en ese cauce pero este año se sumaron 16 días y argumentan los productores que en mayo la situación se va a complicar aun más, porque las "cortas" alcanzan a 25 días.
"Estamos definiendo qué vamos hacer pero estamos sumamente disconformes con el desprecio que hay con nuestro sector. Estamos evaluando ir por la vía legal y vamos a insistir hasta el cansancio con que el actual régimen de "cortas" es muy dañino para el ajero, para el cebollero, para la chacra en general. El señor Millón (director de Hidráulica) parece que no tuvo en cuenta nuestro sector cuando diseñó los días la restricción", explicó Alfredo Figueroa, presidente de la Cámara de Ajeros. Anoche, un nutrido grupo de productores se reunieron y trataron el tema en el máximo de los hermetismos.
Otro punto que está en la mira del sector productivo y en el cual piensan insistir, es la posibilidad de reactivar la batería de pozos estatales. Se trata de 241 perforaciones distribuidas en puntos estratégicos de la provincia. Este planteo es el más complejo, porque desde el Gobierno en más de una oportunidad dijeron que es inviable, de acuerdo a que la inversión debería rondar los $20 millones.