Tomando en cuenta que con la crisis hídrica se ha incrementado el robo de agua de los canales, en el Departamento de Hidráulica decidieron salir a castigar a los infractores con multas, la devolución de los volúmenes sustraídos y hasta la suspensión de los turnos de riego, dependiendo de la gravedad del hecho, según confirmó el secretario del Agua, Ramiro Cascón, a cargo de la institución. Es luego de que el año pasado se dispusiera sancionar la irregularidad con la incorporación al sistema de Flagrancia y con condenas de prisión. Las penas se pondrán en marcha este mismo mes, según dijo el funcionario.
En la práctica, los castigos con prisión no han funcionado para disuadir a los que sustraen agua, al punto que, según confirmó el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, nadie denuncia este tipo de delitos y por eso la Justicia no puede actuar.
Frente a esta situación, en Hidráulica decidieron poner en práctica un procedimiento, consensuado con el Consejo del organismo y reclamado por las juntas de Riego, para disuadir a los regantes que roban agua.
Las maniobras irregulares se hacen, por ejemplo, colocando mangueras, rompiendo compuertas o violentando los candados que colocan los llaveros, según explicó Cascón.
En la práctica, las sanciones ya están previstas en el Código de Aguas de la provincia, pero no se han venido aplicando. Por eso la decisión es instrumentar por primera vez un procedimiento rápido para disuadir este tipo de maniobras.
Así, cuando un regante detecte una maniobra irregular, lo tiene que denunciar ante el inspector técnico de cada junta o un empleado de Hidráulica quien, con un integrante de la junta de Riego, policía o dos testigos, confeccionará un acta de constatación del ilícito para que prospere la denuncia.
Los castigos partirán de una multa básica de 10 veces el canon de riego, es decir que ascenderá a los $2.000 por hectárea regada en forma irregular, que se podrá agravar dependiendo del volumen hídrico sustraído y las dimensiones de la zona del cultivo beneficiada. Además del castigo económico, el regante deberá devolver el volumen sustraído, y reparar el daño causado si, por ejemplo, se hubiera roto un canal o dañado una compuerta.
El que tendrá la decisión final, basado en un dictamen que deberá emitir el área de Asesoría Letrada de Hidráulica, será el director general, puesto que interinamente está ocupando ahora Cascón. Una vez firme la multa y si el regante no quiere pagar, intervendrá la Fiscalía de Estado, en la que trabajan los abogados del Gobierno provincial.
La decisión de castigar a quienes roban agua cayó muy bien en las juntas de Riego. Andrés Roca, uno de los impulsores de las sanciones desde Caucete, sostuvo que "hace rato que veníamos pidiendo castigos porque con la Justicia, si no pillaban al infractor con las manos en la masa, no se podían aplicar sanciones".
Desde la junta de Riego de Chimbas, Eduardo Garcés sostuvo que "con la escasez de agua la sustracción de agua es un fenómeno que ha crecido. Lo que pedimos no es otra cosa que se aplique la ley".
En octubre del año pasado se incorporó al sistema de Flagrancia el delito de robo de agua mediante una modificación al artículo 182´ del Código Procesal Penal. Y se previeron castigos de prisión de quince días a un año al que sustrajera agua. Pero no dio resultados, aunque sigue vigente.
En la provincia funcionan 18 juntas de Riego y cada una, a excepción de Capital, tiene un inspector técnico, que será el encargado de tramitar las denuncias.