Leandro Despouy, el titular de la Auditoría General de la Nación, la única institución nacional de control de los fondos públicos que está en manos de la oposición, dialogó en exclusiva con DIARIO DE CUYO y criticó a la actual gestión del Gobierno nacional al considerar que tiene una fuerte vocación por la falta de transparencia. El dirigente, de origen radical, también señaló que han crecido las partidas de fondos discrecionales por sobre las remesas coparticipables y que el organismo ya había formulado advertencias sobre el mal estado del ferrocarril previo a la tragedia de Once. Sobre la reforma judicial, manifestó que hay una total intromisión del poder político en la designación de los jueces.
-¿Qué es la Auditoría General de la Nación?
-Es la que audita los fondos federales y por eso me reciben muy bien en las provincias. Nuestra actividad consiste en auditar, dictaminar sobre la ejecución presupuestaria. Vale decir que cuando el Parlamento trata cómo se han gastado los fondos, lo hace con posterioridad a un dictamen nuestro. Y por eso se puede verificar si el presupuesto se aplicó tal cual lo había aprobado el Congreso.
-En San Juan han habido algunas quejas por demoras en las transferencias para las obras públicas, ¿ha ocurrido lo mismo en otras provincias?
-En varias. Si uno examina los informes de la Auditoría va a poder ver cuál ha sido la situación de San Juan. Y de lo que recuerdo puedo decir que en lo que respecta a transferencias, no ha sido San Juan la que figura en los primeros términos. Las que más recibieron fueron Santa Cruz, Tucumán y Santiago del Estero. Además se ha visto que las partidas discrecionales se han incrementado notablemente, llegando a superar las coparticipables.
-¿En qué temas ha hecho advertencias la Auditoría?
-En el caso del transporte ferroviario hemos observado cuestiones de ineficiencia pero también de inseguridad. Fue muy importante el informe que hicimos sobre la empresa TBA, que presta el servicio del Sarmiento, en el que se habían hecho dictámenes muy precisos sobre las dificultades de ese servicio, previo a la llamada tragedia de Once. Ahí detallábamos varias cuestiones de inseguridad y cuando se produjo el accidente nuestros informes tomaron una enorme dimensión porque hoy son piezas clave para establecer responsabilidades en el proceso judicial.
-De las observaciones que hizo el organismo, ¿se corrigió algo previo al accidente?
-No, desgraciadamente. Y es lo que hoy da un mayor margen de responsabilidad en lo que pasó porque hubo una advertencia, un alerta de la tragedia. Esto habla de una cierta negligencia de los funcionarios del Estado en generar incentivos para que la empresa, frente a los incumplimientos, llevara a cabo las inversiones comprometidas, cosa que no hacía.
-¿Percibe que el kirchnerismo es más propenso a molestarse cuando hay observaciones?
-Diría que hubo un cambio en el kirchnerismo. Si partimos desde el 2003 a la fecha, al comienzo de la gestión del expresidente Kirchner se servía mucho de nuestros informes y por ejemplo rescindió muchas de las contrataciones de las licitaciones ferroviarias. Por ejemplo la concesión del FFCC San Martín la revocó invocando nuestros informes. También el Senado nos pidió un informe sobre el PAMI y Kirchner dispuso la intervención sobre la base de nuestros datos. Hubo un período en el cual los informes de la Auditoría servían de insumos, pero cabe aclarar que eran evaluaciones de la gestión anterior.
-La oposición acusa al Gobierno nacional de corrupto, ¿usted qué cree?
-Trato de no hacer afirmaciones de tipo político, pero puedo decir que una de las dificultades que se han ido acentuando ha sido una fuerte vocación por la falta de transparencia. Y eso se manifiesta en que, por ejemplo, algunos organismos de control que tienen que publicar sus informes no lo hacen. Es el caso de la Sindicatura General (Sigen), que no da a conocer la información que maneja.
-¿Qué opina de la reforma judicial que impulsa el Gobierno?
-Hay varios puntos en los que la reforma agrede los principios universales sobre la independencia de la justicia. Por ejemplo se ratifica lo que ya Naciones Unidas había dicho sobre la reforma en Argentina en cuanto a que el componente político viola el principio de equilibrio con respecto a la representación de los otros estamentos, como pueden ser los jueces y abogados. Con la reforma hay prácticamente una intromisión total del poder político porque seleccionar a alguien va a ser de acuerdo a lo que ese poder quiera.
-¿Hacía falta reformar el Consejo de la Magistratura o estaba funcionando correctamente?
-Todo el país tiene interés en una reforma, pero debo decir que tenemos cada vez una mayor reputación de falta de transparencia y de corrupción. Qué importante sería una reforma para que las cuestiones de corrupción se esclarezcan rápidamente y que no pase lo de María Julia, que fue sobreseída por prescripción de la causa después de 12 años. Creo que con una reforma que nos permita el juzgamiento en tiempo de estas cosas, todo el mundo estaría de acuerdo.
-¿Está de acuerdo con el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno?
-El blanqueo de capitales me da como escalofríos porque en un momento como éste, en el que hay preocupaciones fundadas sobre el cepo al dólar y en el que se han paralizado muchos sectores de la economía, una propuesta de este tipo genera enormes sospechas. Las explicaciones que se han dado hasta el momento son insuficientes y estoy seguro de que explicar esto al mundo va a ser muy difícil.