“Impacto Limitado”. Así calificó ayer, con razón, Federico Sturzenegger el alcance del impuesto a la renta financiera que, curiosamente, sería uno de los capítulos menos polémicos cuando en Congreso trate la reforma laboral. Según los cálculos del oficialismo, estarían alcanzados por el nuevo tributo creado por el Gobierno de Mauricio Macri, y siguiendo el nivel de tasas de interés vigentes en el mercado, las colocaciones a plazos superiores a los 330.000 pesos.
A medida que las tasas de interés actuales suban, el monto bajará, y viceversa tomando en cuenta que el mínimo no imponible será de 65.700 pesos anuales, monto que se irá ajustando varias veces al año por la inflación. Lo que aún el Gobierno no tiene definido, y deberá tratarse en el Congreso, será la manera de recaudar y quién será el agente de retención del tributo.
Según confió el presidente del Banco Central, “no pensamos que esto vaya a generar ninguna disrupción significativa” ya que “en todos los países del mundo este impuesto existe”. Para tener en cuenta el impacto del tributo, para una colocación de 330.000 pesos, el dinero que deberá liquidar en Ganancias el contribuyente (con una tasa de interés actual del 20%) sería de 460 pesos anules.
El tributo, que pagará el 5% para las colocaciones en pesos de renta fija y 15% para las operaciones en dólares, forma parte de la reforma impositiva y, espera el Gobierno, debería aprobarse antes de fin de año y comenzar a reglamentarse en el primer trimestre del año próximo para, lo antes posible, ya recaudar. Esa es la base de la última discusión que el Gobierno aún no pudo resolver: cómo se lo liquidará.
El Ministerio de Hacienda quiere que el ingreso de lo producido entre a las arcas públicas de manera rápida y casi inmediata, similar a las buenas noticias recaudatorias que cada mes le da a la AFIP el tributo a los débitos y créditos bancarios. Aquí surge un primer problema: para que esto se concrete, al igual del impuesto al cheque, el agente de retención deberían ser los bancos, algo a lo que las entidades financieras se oponen radicalmente.
Afirman que esta obligación impondría una suba en los costos internos y administrativos que terminarían siendo derivados a los colocadores de los plazos fijos, los que tendrían así un incremento en los intereses, aunque leve, extra hacia arriba. Tampoco es viable que sean los contribuyentes los que lo liquiden obligatoriamente, lo que derivaría en bolsones de evasión. La alternativa más lógica sería que se lo declare dentro de las liquidaciones anuales de Ganancias como una rentabilidad más de cada contribuyente. Sería una forma segura y racional para garantizarse el ingreso.
Sin embargo la alternativa no convence a Hacienda, ya que debería esperar un año para el ingreso de los fondos. Concertadamente los casi 20.000 millones de pesos que se podrían recaudar, según los cálculos optimistas oficiales, recién ingresarían en la AFIP en abril y mayo de 2019, muy tarde paras las urgencias fiscales que tiene el Gobierno de Mauricio Macri y para las verdaderas necesidades recaudatorias para las que se avanza en la reforma impositiva.
Fuente: ambito.com