En Casa de Gobierno cayó como un baldazo de agua fría. Fuentes del entorno más cercano de José Luis Gioja aseguraron que en los últimos días se encontraron con que la provincia deberá desembolsar en estos días unos 20 millones de pesos por juicios de expropiaciones. La noticia generó indignación y preocupación en el primer mandatario, porque complica las cuentas oficiales y, al parecer, el monto no se condice con el valor real de los inmuebles expropiados. En algunos de esos juicios se detectaron fallas administrativas que motivaron la cesantía de un abogado del Estado y apenas se enteró de la deuda a pagar, el gobernador dio la orden de interponer una denuncia penal que ingresó el viernes para determinar si, además, se cometió delito.
Así como lo fueron en su momento los honorarios profesionales, las expropiaciones de terrenos son hoy un fuerte dolor de cabeza para la gestión giojista. En Paula y Libertador se toman la cabeza, debido a que muchos de los juicios por la toma de inmuebles por parte del Estado -para construir el dique Cuesta del Viento, el canal Benavídez y el Parque de Mayo, entre otras obras- terminan con sentencias por valores que consideran irrazonables. Por ejemplo, un funcionario contó que tuvieron que pagar unos 8 millones de pesos entre capital, intereses y honorarios por menos de diez hectáreas expropiadas en su momento en Cuesta del Viento.
La semana pasada, Gioja explotó cuando le dijeron de los 20 millones de pesos que tiene a pagar la provincia en el corto plazo por sentencias en contra. Aunque no se sabe a qué cantidad de juicios corresponde la cifra, las fuentes dijeron que es muy difícil de justificar semejante cifra por la ubicación y la extensión de los terrenos que se expropiaron.
A esta altura, en la gestión giojista sospechan que podría existir algún circuito montado para sacarle plata extra a la provincia. Por eso, motorizó dos acciones. La primera fue un sumario administrativo que hace poco determinó que el abogado estatal Norberto Baistrocchi fue negligente por omisión en el manejo de juicios que le causaron un perjuicio a las arcas públicas. La segunda fue presentar el viernes una denuncia penal para ver si en esos procesos hubo fraude contra Estado, en donde suponen podría hacer connivencia entre actores del proceso judicial -miran de cerca al abogado Santiago Graffigna, que es contraparte en la mayoría de los juicios-.
La decisión de ir a la Justicia Penal ya estaba tomada para salvar cualquier responsabilidad funcional. Sin embargo, un alfil giojista le contó a este diario que el gobernador la apuró cuando la semana pasada le dieron la mala noticia. Pasa que, según las fuentes, parte de los 20 millones es por los juicios que quedaron sospechados en el sumario administrativo.
Aparentemente, la intención oficial es que con la denuncia se frene por un tiempo la ejecución de las sentencias que obligan a la provincia a pagar. Pero nadie supo decir a través de qué herramienta procesal se podría lograr ese efecto judicial. De todas formas, las fuentes revelaron que habrá una ampliación de la denuncia y que se aportarán nuevas pruebas al expediente.
La denuncia estaba hasta ayer en manos del fiscal, que es el que tiene que resolver si requiere la instrucción de la causa. Es decir, si supone que hay un delito en juego que haga necesario pedirle a la jueza que abra la investigación.