Las principales variables macroeconómicas comenzaron 2025 mayormente manteniendo el sendero positivo que venían mostrando desde que se logró contener la corrida cambiaria de mediados de julio. En efecto, la inflación de diciembre, 2,7% mensual, fue similar a la de noviembre pese a que se trata de un mes donde estacionalmente la variación de los precios suele ser mayor. A su vez, el resultado fiscal del último mes del año permitió al Gobierno cerrar 2024 con un superávit financiero de 0,3% del PBI frente a un déficit financiero de 5,9% del PBI en 2023. Pese al fuerte ajuste fiscal, la actividad económica y los salarios recuperan sus valores pre-devaluación. En octubre, el Estimador Mensual de Actividad (EMAE) se ubicó próximo a los niveles de nov-23 (“0,6%) y el poder adquisitivo de los asalariados formales también hizo lo propio (-0,3% vs nov-23), aunque los trabajadores informales y públicos continúan rezagados.

El saldo negativo del programa, y el riesgo a futuro, fue la fuerte apreciación del tipo de cambio registrada principalmente en los primeros meses donde el dólar corría al 2% mensual y la inflación superaba cómodamente los dos dígitos. Así, el tipo de cambio real hoy se encuentra en niveles de los 90s donde, vale decir, la presión tributaria nacional era 7% puntos PBI inferior a la vigente durante la última década. Pese a ello, no se advierte de momento tensión en el mercado cambiario.

La combinación entre el éxito en materia fiscal y la apreciación del tipo de cambio lleva a poner el foco en la agenda de reformas microeconómicas necesarias para sostener o aumentar la competitividad, donde resaltan las reformas que se implementan a través del Congreso de la Nación y del Ministerio de Desregulación, pero también resulta clave la baja de impuestos. En ese sentido, el “elefante en el salón” son los Derechos de Exportación (DD.EE.).

> Tributo distorcivo
Los DD.EE. son un tributo sumamente distorsivo, que discrimina a la producción agroindustrial y que atenta con la sostenibilidad de las empresas del agro. Son distorsivos porque cambian las relaciones de mercado entre los productos, que se pagan por debajo de su valor internacional, y los insumos y bienes de capital que, en el mejor de los casos, se pagan a su valor internacional cuando no tienen un sobrecosto derivado del proteccionismo comercial. Así, se reduce fuertemente el atractivo de cualquier inversión en insumos o bienes de capital que redunden en un aumento de la producción. Son discriminatorios porque ningún otro sector de la economía debe pagar hasta el 33% de sus ingresos solo para enfrentar luego la carga tributaria habitual del resto de las actividades. De este modo, los DD.EE. impactan en el corto plazo sobre la rentabilidad económica, y en el mediano y largo plazo sobre la capacidad de inversión, innovación y eficiencia en la utilización de recursos y capital.

En su versión moderna, los DD.EE. se instauraron como una medida de “emergencia” en la crisis de 2002 y más de dos décadas después siguen vigentes. Sin embargo, hace prácticamente 100 años que Argentina implementa una amplia gama de medidas que perjudican específicamente a la producción agroindustrial (riesgo institucional) tal como abordamos más extensamente en este documento. En este marco, no desconocemos que los DD.EE. no fueron implementados por la actual gestión ni, como se abordó en ediciones anteriores del Informe Macroeconómico CREA, que la situación al inicio de gestión en materia fiscal e inflacionaria era critica. No obstante, con la caída de los precios internacionales y el progresivo retraso del tipo de cambio (algo habitual en planes de estabilización), la rentabilidad agrícola empeoró aún más en 2024.

Más en detalle, si bien los DD.EE. tienen efectos sumamente perjudiciales en cualquier coyuntura, momentos de precios o tipo de cambio altos logran “disimular” los problemas que se manifiestan especialmente en un rezago frente a la competencia regional que se capitaliza en la bonanza.

En síntesis la actividad agrícola atraviesa una situación delicada debido a que la actual configuración de precios, costos y tipo de cambio, sumada a una presión tributaria alta y mayor a la del resto de la economía, deja sin rentabilidad a productores en todo el país.

Por Valeria Bin Calvar